Los fondos Next Generation se acaban, ¿y ahora qué?

Con el final de los fondos Next Generation EU en el horizonte, Europa se enfrenta a un dilema de inversión crucial. Tras el impulso sin precedentes de 750.000 millones de euros para afrontar la crisis provocada por la COVID-19, los Estados miembros, entre ellos España, contemplan cómo la llegada de estas ayudas ha sostenido la recuperación económica. No obstante, ¿qué pasará cuando este flujo de dinero comience a agotarse? La pregunta ya circula entre los expertos, puesto que los fondos Next Generation EU tendrán que estar ejecutados en su totalidad en 2026. La respuesta podría encontrarse en el Informe Draghi, encargado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta guía estratégica, publicada en septiembre, subraya la urgente necesidad de invertir en los sectores esenciales para asegurar el desarrollo sostenible de la UE a largo plazo.

Fernando Pérez, director de la Unidad de Negocio de Programas Nacionales de Zabala Innovation, analiza cómo ha evolucionado la situación económica y los pasos que Europa planea seguir en las próximas etapas: “Next Generation EU ha sido una solución temporal pero efectiva, diseñada en una situación de emergencia para reactivar las economías de la UE”, dice este experto. Pérez destaca que este fondo se ha destinado principalmente a proyectos que promuevan la sostenibilidad y la transición energética, apoyando iniciativas en áreas como la eficiencia energética, el hidrógeno verde y las energías renovables. “Ahora, sin embargo, nos enfrentamos a un escenario distinto, en el que la prioridad es generar estabilidad a través de la inversión sostenida en innovación”, explica Pérez.

Unos 69.000 millones de euros, ya ejecutados

Para David Crespo, líder de Operaciones en el área Nacional de Zabala Innovation, el caso de España ilustra las oportunidades y desafíos de los fondos Next Generation EU. “El nuestro es el segundo país que más recursos ha recibido de Europa, con unos 160.000 millones de euros en total, repartidos entre subvenciones y préstamos en dos fases”, señala Crespo. La dotación inicial de 82.400 millones en subvenciones incluyó ayudas inmediatas para cubrir los gastos derivados de la pandemia, como la adquisición de vacunas. Posteriormente, España tuvo acceso a préstamos adicionales, un mecanismo que permite prolongar el impacto de la inversión europea.

El proceso de ejecución de estos fondos sigue “un esquema escalonado”, explica Crespo. La Comisión Europea transfiere el dinero al Estado, que posteriormente publica las convocatorias y licitaciones para financiar proyectos en distintos sectores. Las subvenciones para autoconsumo energético, gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que luego distribuyen los gobiernos autonómicos mediante convocatorias específicas, son solo uno de los innombrables ejemplos de ello.

Este proceso ha beneficiado tanto a empresas públicas como privadas en áreas estratégicas para la recuperación, como es el caso de Envision AESC y su proyecto centrado en la creación, en Extremadura, de una gigafactoría para la producción de baterías.

Del presupuesto total previsto en la primera fase de Next Generation EU en España, “hasta ahora se ha convocado el 90%, por unos 69.000 millones de euros, de los cuales más de 41.000 millones se han asignado como subvenciones y unos 28.000 millones a través de licitaciones”, desglosa Crespo. Esta asignación cubre múltiples sectores, desde la digitalización hasta el autoconsumo energético.

De cara al futuro, el presupuesto de Next Generation EU previsto para España este año – basado en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 – asciende a 24.000 millones de euros, con la meta de alcanzar 36.000 millones de euros mediante modificaciones adicionales. De este importe, hasta agosto de 2024 se habían asignado 7.000 millones de euros. Con esta proyección, “en 2025 y 2026 se prevén nuevas convocatorias de Next Generation EU para continuar financiando iniciativas de transición energética e innovación en infraestructuras y tecnologías emergentes”, indica Crespo.

Con los plazos de ejecución de los fondos Next Generation EU acercándose a su fin, sin embargo, la atención de los analistas se centra en qué mecanismo tomará el relevo. Fernando Pérez señala que la reciente propuesta del ex primer ministro italiano Mario Draghi introduce un plan que podría mitigar los efectos del fin de estos fondos en el corto plazo, y sugiere que la transición hacia una economía verde no debería depender únicamente de mecanismos de emergencia. “El informe Draghi propone una inversión anual en la UE de 800.000 millones de euros, combinando fondos públicos y privados, para fomentar la competitividad y asegurar la sostenibilidad de Europa”, enfatiza Pérez.

Innovación, reducción del coste de la energía, y autonomía estratégica

El Informe Draghi establece tres transformaciones prioritarias para asegurar el desarrollo económico de Europa en los próximos años. La primera de ellas es la aceleración de la innovación tecnológica para reducir la dependencia de mercados extranjeros, en áreas críticas como la inteligencia artificial y el desarrollo de energías limpias. Pérez explica que “la autonomía tecnológica es clave en el contexto actual de competencia global; es necesario que Europa avance hacia una mayor independencia en estos sectores si quiere mantener su posición como líder económico”.

La segunda prioridad del informe es la reducción del coste energético, un desafío agravado por la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis que le siguió y que evidenció la necesidad de diversificar las fuentes de energía y fomentar soluciones sostenibles. “Europa ha movilizado fondos en proyectos que buscan reducir la dependencia energética y promover tecnologías como el biometano o la energía solar”, detalla Pérez, quien también subraya la necesidad de buscar un equilibrio entre accesibilidad energética y los objetivos de descarbonización, sin poner en riesgo la estabilidad económica.

Por último, el informe resalta la importancia de aumentar la autonomía en recursos estratégicos, especialmente en materias primas críticas, para evitar la dependencia de proveedores externos. “Se trata de una cuestión fundamental no solo para la sostenibilidad, sino también para la resiliencia de la economía europea”, insiste Pérez.

Una plataforma para reducir la cofinanciación estatal y regional

Con la mirada puesta en el futuro, la UE ya estudia cómo optimizar la gestión de los fondos existentes a través de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP, por sus siglas en inglés), una herramienta que busca centralizar 160.000 millones de euros para fomentar tecnologías digitales avanzadas, energías limpias y biotecnologías.

Pérez aclara que la STEP “no es un nuevo fondo, sino una plataforma que coordina las fuentes de financiación europeas en sectores clave, reduciendo la dependencia de la cofinanciación estatal o regional”. Esta herramienta ofrece a las administraciones un modelo de convocatorias financiadas exclusivamente con fondos europeos, lo que reduce la carga financiera nacional y permite que los Estados miembros focalicen sus recursos en iniciativas estratégicas.

El futuro de los fondos Next Generation EU

En el caso español, la ejecución de los fondos FEDER también jugarán un papel crucial en los próximos años. En palabras de Crespo, “España se enfrenta al reto de seguir implementando proyectos de transición energética y digitalización a la par que se estabiliza la economía”. Para alcanzar estos objetivos, serán fundamentales organismos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se encargará de promover grandes proyectos de infraestructura y tecnología, y de facilitar los préstamos necesarios.

La reciente propuesta de Draghi incluye una posible modificación de las regulaciones sobre ayudas de Estado, una cuestión que genera controversia, especialmente entre países del sur, como España, y economías más fuertes del norte, como Alemania. En este contexto, “una flexibilización de las ayudas podría beneficiar a las economías más desarrolladas, pero también plantea el riesgo de dejar en desventaja a aquellos países que tienen menor capacidad de financiación propia”, según Pérez. La cuestión de las ayudas estatales continúa abierta en Bruselas, y su resolución podría definir el futuro de la política económica en la UE.

Más allá de la influencia que ostenten los representantes españoles en la Comisión Europea – como la comisaria de Competencia, Teresa Ribera – en las decisiones que se tomen en Bruselas, Pérez reflexiona sobre una última incógnita y concluye: “El impacto de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y 2025 será determinante en la capacidad de España para acceder a futuros fondos y asegurar su participación en la transformación digital y energética de la UE”.