El Industrial Accelerator Act y la nueva arquitectura industrial europea

La Comisión Europea ha vuelto a retrasar al próximo 4 de marzo la presentación del Industrial Accelerator Act (IAA), una de las iniciativas más relevantes del actual ciclo político europeo. Más que un reglamento sectorial, el IAA constituye una pieza estructural de la nueva arquitectura industrial de la UE, directamente vinculada al Clean Industrial Deal y a la Estrategia Europea de Seguridad Económica. No se trata únicamente de acelerar la descarbonización, sino de hacerlo reforzando la capacidad productiva europea, reduciendo dependencias estratégicas y utilizando el poder regulatorio y financiero de los 27 como instrumento de soberanía industrial.

El texto del leak que varios medios europeos adelantaron responde a una constatación que atraviesa todas las comunicaciones recientes de Bruselas: la industria ha perdido peso relativo en las últimas décadas, mientras que la transición verde y digital se está desarrollando en un contexto de rivalidad geoeconómica creciente. La cuota europea en el valor añadido industrial global ha descendido de forma significativa desde comienzos de siglo. Paralelamente, más del 80% de determinadas capacidades manufactureras clave, como la producción de baterías o componentes solares, se concentran en terceros países, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía. En este ámbito, el IAA fija un objetivo explícito y políticamente ambicioso: que la industria manufacturera represente al menos el 20% del PIB europeo en 2035.

Este planteamiento marca un giro respecto al Pacto Verde Europeo. El Clean Industrial Deal no abandona los objetivos climáticos, pero introduce una dimensión adicional: la transición verde debe consolidar la base industrial europea, no erosionarla. El IAA traduce esa ambición en instrumentos regulatorios concretos que afectan a la contratación pública, los esquemas de apoyo nacionales, la inversión extranjera y la organización territorial de la actividad industrial.

La cláusula Made in Europe como refuerzo de la cadena de valor

Uno de los ejes centrales del borrador del IAA es la preferencia europea o el denominado Made in Europe. Y esta cláusula es la causante del retraso en las negociaciones. Bruselas propone introducir requisitos de contenido europeo en ámbitos estratégicos, especialmente en contratación pública, subastas de tecnologías net-zero y determinados esquemas de apoyo. En los sectores identificados como críticos – baterías, sistemas solares fotovoltaicos, tecnologías eólicas, bombas de calor, componentes para electrificación del transporte, nuclear o almacenamiento energético – se fijan cifras progresivas de fabricación y origen europeo de componentes clave.

En el caso de sistemas de almacenamiento con baterías, por ejemplo, el borrador contempla que en una primera fase deban ensamblarse en la UE e incorporar determinados componentes críticos de origen europeo, y que en fases posteriores se exija que elementos como celdas, materiales activos del cátodo o sistemas de gestión de batería procedan en mayor medida de fabricación europea. En solar fotovoltaico, se establecen requisitos específicos sobre inversores y otros componentes principales. En tecnologías eólicas se prevé que determinados componentes estructurales o de control procedan del club de los 27 en proporciones crecientes. En nuclear, se plantean exigencias sobre varios componentes críticos en nuevas instalaciones. Esta lógica se extiende también a tecnologías de red y electrificación.

En términos prácticos, la cláusula Made in Europe no significa únicamente ensamblaje final en territorio UE, sino que supone el refuerzo de eslabones completos de la cadena de valor, desde la producción de materiales y componentes intermedios hasta el ensamblaje final y el despliegue. La Comisión Europea vincula este enfoque a la necesidad de evitar que la inversión pública de los 27 termine reforzando cadenas de suministro externas altamente concentradas. En consecuencia, el acceso a determinados mercados financiados o impulsados con recursos públicos europeos quedaría condicionado al cumplimiento de requisitos de contenido y origen.

Un debate clave para el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE

Este planteamiento ha generado un debate intenso. Algunas organizaciones empresariales y grupos de interés han solicitado que se evalúen con rigor las consecuencias económicas de los requisitos Made in Europe, alertando sobre posibles incrementos de costes, distorsiones en cadenas de valor integradas y riesgos para la competitividad global de las empresas europeas. Asimismo, las cifras sobre los componentes críticos también pueden afectar a los puestos de trabajo en fábricas ubicadas en el propio suelo de la UE.

De esta forma, el IAA se ha convertido en uno de los elementos más sensibles de la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) y de la arquitectura del futuro European Competitiveness Fund (ECF). El comisario responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, remitió una carta a empresas y actores industriales solicitando su apoyo explícito a un enfoque que refuerce la soberanía industrial y tecnológica europea, en un momento clave para la definición del nuevo marco financiero.

El debate, sin embargo, no se limita a una discusión ideológica sobre apertura o autonomía estratégica, sino que tiene implicaciones muy concretas sobre la estructura industrial europea, la localización de inversiones, el diseño de los instrumentos financieros y la configuración de consorcios tecnológicos en el marco de los grandes programas europeos.

Además, el contexto geopolítico – marcado por el Inflation Reduction Act (IRA) estadounidense y por las políticas industriales activas desplegadas por China – refuerza la posición de aquellos Estados miembros y sectores industriales que abogan por un uso más estratégico del mercado interior y por instrumentos financieros capaces de asegurar capacidades productivas clave en territorio europeo.

Compra pública y escalado productivo

La contratación pública emerge en este marco como uno de los instrumentos más potentes. El IAA no solo introduce requisitos de origen, sino que consolida la compra pública como herramienta de política industrial y tecnológica. La compra pública de innovación y las subastas de tecnologías limpias se configuran como palancas para crear mercados líderes europeos. Esto implica que las administraciones públicas, tanto a nivel europeo como nacional y regional, deberán integrar criterios de contenido europeo y resiliencia en sus procedimientos de compra, especialmente en sectores estratégicos. El volumen de la contratación pública en la UE – en torno al 14% del PIB, equivalente aproximadamente a 2 billones de euros anuales, según los datos más recientes publicados por la Comisión Europea – convierte este instrumento en un vector determinante para el escalado industrial.

El escalado de inversiones es, de hecho, otro de los pilares fundamentales del IAA. El reglamento no se limita a estimular la investigación y el desarrollo. Está diseñado para acelerar la transición desde la fase de demostración hacia la producción a gran escala. La Comisión Europea vincula explícitamente el texto con la necesidad de aumentar el número de decisiones finales de inversión en sectores estratégicos. El borrador prevé mecanismos para reducir tiempos administrativos, facilitar permisos y concentrar actividad industrial en zonas específicas.

En este contexto, las Zonas de Aceleración Industrial adquieren un papel relevante. Los Estados miembros deberán designar áreas donde se concentren actividades manufactureras estratégicas y donde los procedimientos de autorización se simplifiquen mediante permisos agregados y ventanillas digitales únicas. Estas zonas deberán contar con planificación energética específica, acceso prioritario a infraestructuras y sinergias con otras iniciativas europeas como el Net-Zero Industry Act o el Critical Raw Materials Act. La lógica es territorial y clústerizada: crear ecosistemas industriales capaces de atraer inversión, reducir costes de transacción y facilitar la integración de cadenas de valor completas.

Nueva arquitectura financiera y control inversor

El reglamento también incorpora una dimensión financiera más amplia. Se prevé la articulación con el ya mencionado ECF, instrumento aún en definición, pero llamado a concentrar apoyo a sectores estratégicos. Además, el borrador menciona la interacción con el sello STEP, concebido para identificar y visibilizar proyectos estratégicos en tecnologías críticas. Este sello puede convertirse en un mecanismo de señalización para inversores y administraciones, facilitando el acceso a instrumentos combinados de financiación y reforzando la coherencia entre regulación, ayudas estatales y fondos europeos.

En el ámbito de la inversión extranjera, el IAA introduce un régimen específico para inversiones superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes. Se establece un límite del 49% a la participación extranjera, la obligación de constituir joint ventures con socios europeos, compromisos de transferencia tecnológica y requisitos de inversión en I+D local equivalentes a un porcentaje mínimo de los ingresos generados en la Unión. Asimismo, se exige que al menos la mitad de la plantilla esté compuesta por trabajadores europeos y que un porcentaje significativo de los inputs utilizados en productos finales proceda de fabricación en la UE. Este conjunto de condiciones redefine la relación entre apertura de mercado y creación de valor añadido europeo.

Impacto en Horizon Europe y en otros programas de financiación europea

El impacto del IAA en la financiación europea será profundo. Las futuras convocatorias de Horizon Europe, en especial las que actualmente se ubican en los Clústeres 4 y 5, tenderán a reforzar proyectos con clara estrategia de escalado industrial y producción europea. La excelencia tecnológica seguirá siendo un requisito indispensable, pero el criterio industrial ganará peso. El programa Innovation Fund y otros instrumentos orientados a demostración y despliegue se alinearán previsiblemente con esta lógica, priorizando proyectos que consoliden cadenas de valor europeas y reduzcan dependencias críticas.

Para empresas industriales, centros tecnológicos y administraciones públicas, el mensaje es que la transición verde y digital ya no se evaluará únicamente en términos de reducción de emisiones o avance tecnológico, sino también en términos de resiliencia industrial, capacidad productiva europea y contribución a la autonomía estratégica.

El IAA no es simplemente una norma técnica. Es la manifestación regulatoria de una nueva fase de la política industrial, en la que compra pública innovadora, escalado de inversiones, requisitos de contenido europeo y financiación estratégica convergen en una arquitectura coherente. Anticipar esta lógica será determinante para quienes aspiran a posicionarse con éxito en el nuevo marco del Clean Industrial Deal.