Aprobada la adenda del Plan de Recuperación con un fuerte impulso a los fondos NGEU

Se pone ya en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español con la aprobación este lunes, por parte de la Comisión Europea, de la adenda a este plan. De esta manera se movilizan más de 10.000 millones de euros de transferencias adicionales para el periodo 2023-2026, y hasta 83.000 millones de euros en préstamos de los programas NGEU (Next Generation EU) y RepowerEU.

Los cambios propuestos por España en la adenda se referían esencialmente a la inflación y al desgaste energético provocados por la guerra de Rusia contra Ucrania, a la petición de utilizar 83.000 millones de euros en préstamos disponibles y al incremento de la asignación máxima de subvenciones.

De esta manera la Comisión ha aprobado un nuevo calendario de pagos para los desembolsos de transferencias y préstamos, con el que España podrá recibir desembolsos de hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.

El 40% de estos fondos se centra en la transición ecológica, al apoyar iniciativas para luchar contra el cambio climático, y el plan general es muy ambicioso, ya que se estructura en 111 reformas y 142 inversiones.

A continuación analizamos las principales medidas.

Refuerzo a los PERTE y REPowerEU

Los más de 10.000 millones de las transferencias adicionales y parte de los préstamos se destinarán a reforzar la práctica totalidad de los PERTE. Con la adenda se les dotará con casi 27.000 millones de recursos adicionales, provenientes de las transferencias, los préstamos y el programa RepowerEU, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos y realizar inversiones adicionales.

La adenda incluye un nuevo capítulo destinado a la financiación de las actuaciones bajo la iniciativa RepowerEU, con cerca de 7.000 millones de euros de financiación de los que cerca de 4.200 millones de euros dirigidos al PERTE de energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento energético (ERHA).

Las actuaciones de refuerzo del PERTE ERHA permitirán dar continuidad a líneas muy exitosas ya desplegadas en la primera fase del plan, como las dirigidas al fomento del autoconsumo y el almacenamiento en los sectores productivos y los hogares o el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades energéticas.

Asimismo, la apuesta por el Hidrógeno renovable se pone de manifiesto duplicando la inversión prevista en el plan inicial con la incorporación de 1.600 millones de euros adicionales para el desarrollo de la cadena de valor, nuevos proyectos pioneros, la creación de valles del hidrógeno y el apoyo de proyectos IPCEI.

Además, en este PERTE se incorpora una nueva inversión dirigida a fortalecer la capacidad industrial en la cadena de valor de las energías renovables con 1.000 millones de euros y otra inversión dotada con cerca de 1.000 millones de euros orientada a incrementar la seguridad y flexibilidad del sistema eléctrico, fomentando la introducción de renovables en el sistema eléctrico y a desarrollar proyectos de descarbonización, como fábricas de baterías y proyectos de producción de hidrógeno.

El PERTE para la descarbonización industrial y la transformación de la industria electro y gas intensiva recibirá casi 3.000 millones de euros entre transferencias y préstamos.

Asimismo, para impulsar la industria de semiconductores y microprocesadores se dotará el PERTE Chip con cerca de 12.000 millones de euros para el desarrollo de ecosistema industrial y de conocimiento. Para ello, el mecanismo del PERTE Chip, gestionado por SEPI y que estará dotado con 10.750 millones de euros, permitirá posicionarnos como un foco para la atracción de inversiones industriales.

El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua dispondrá de 3.055 millones de euros adicionales, por su relevancia para la autonomía estratégica con entre otras, inversiones para la mejora de la capacidad y eficiencia de desalación en las Cuencas Internas de Cataluña (Tordera II y Foix) y en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (Costa del Sol y Levante Almeriense).

De forma complementaria, en el PERTE Agroalimentario se incluyen 410 millones de euros para reforzar las actuaciones de modernización de más de 160.000 hectáreas de regadíos.

En el ámbito del PERTE de Salud de Vanguardia, la adenda prevé, entre otras actuaciones, la puesta en marcha de un programa de apoyo a las enfermedades raras como la ELA, dotado con 50 millones de euros, orientado la mejora de las infraestructuras, el equipamiento y a fomentar la humanización de los cuidados.

Reserva de adaptación al Brexit

Para financiar los objetivos más ambiciosos de su plan, España también ha solicitado transferir al plan su parte de la Reserva de Adaptación al Brexit por un importe de 58 millones de euros. Estos fondos, añadidos a la asignación de subvenciones del MRR y REPowerEU a España (que ascienden a 77.200 millones de euros y 2.600 millones de euros, respectivamente) y a su solicitud de préstamo en el marco del MRR por valor de 83.000 millones de euros, hacen que el plan modificado global que se ha aprobado ascienda a 163.000 millones de euros.

Apoyo financiero al turismo

Dentro de la línea ICO Empresas y Emprendedores, el sector del turismo contará un compartimento de 1.000 millones de euros, para la realización de proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos procesos organizativos o de innovación que permitan un ahorro en el consumo de recursos y menor generación de residuos, además de las inversiones dirigidas a aumentar la categoría del establecimiento y mejorar la sostenibilidad del inmueble.

Asimismo, se creará un fondo específico de 1.500 millones de euros para financiar el plan ‘Spain AVS Hub’, orientado a aumentar en un 30% la producción del sector audiovisual y de videojuegos de España.

El apoyo al tejido empresarial se completa con el Fondo ICO Next-Tech, con una dotación de 4.000 millones de euros, para seguir facilitando el crecimiento de las startups españolas en tecnologías disruptivas, promoviendo la innovación y la digitalización.

Y se dotará con 4.000 millones de euros el fondo, también gestionado por el ICO, dirigido a aumentar el parque de vivienda social y de alquiler asequible.

El catálogo de fondos para apoyar las inversiones productivas se completa con la constitución de un nuevo Fondo, gestionado por COFIDES, para coinvertir con inversores institucionales en grandes proyectos que se realicen en España (Fondo FOCO), además de los ya creados para apoyar a las empresas afectadas por la COVID (Fondos FASEE de la SEPI y FONREC de COFIDES).

Fondo de inversiones para las Comunidades Autónomas

También se creará el Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las Comunidades Autónomas, que será gestionado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estas inversiones podrán ser realizadas por empresas privadas y públicas de todas las Comunidades Autónomas en los sectores de vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

La gestión del BEI permitirá aprovechar la experiencia y conocimiento de la institución europea en la financiación de inversiones de las Comunidades Autónomas, así como ampliar la capacidad financiera gracias a la co-financiación del BEI. Con este fondo, las condiciones favorables de los préstamos se trasladan a los proyectos de las Comunidades Autónomas y a sus empresas, manteniéndose también el enfoque de cogobernanza en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación.

Más ciberresiliencia y seguridad

Finalmente, la Adenda permitirá dotar con 2.157 millones de euros un nuevo Instrumento de Ciberresiliencia y Seguridad, para financiar las inversiones del Plan Nacional de Ciberseguridad y facilitar la adaptación de las capacidades públicas y del sector privado en seguridad, defensa, aeronáutica y espacio en un entorno de mayor complejidad geopolítica y de crecientes ciberamenazas y ciberataques.