Así serán los contratos por diferencia de carbono en España

España empieza a preparar el terreno para incorporar una de las herramientas más ambiciosas de la nueva política industrial climática europea: los contratos por diferencia de carbono (CCfD, por sus siglas en inglés). Este instrumento puede convertirse en una pieza clave para activar proyectos de descarbonización hoy frenados por su sobrecoste frente a las tecnologías tradicionales.

El marco español ya ha dado señales explícitas de apertura a este mecanismo, primero con su encaje teórico en el PERTE de Descarbonización industrial y, más recientemente, con la habilitación del Fondo de Impacto para la Descarbonización Industrial (FIDI), concebido para apoyar inversiones estratégicas ligadas a la reducción de emisiones. La expectativa en el sector es que España avance hacia un sistema propio inspirado en los modelos que ya han empezado a desplegarse en Alemania, Dinamarca y Países Bajos, aunque previsiblemente con un desarrollo gradual.

¿Qué son los contratos por diferencia de carbono?

A diferencia de una subvención a fondo perdido centrada en sufragar parte de la inversión inicial, los CCfD se diseñan para cubrir la brecha económica entre una tecnología limpia y otra intensiva en carbono durante varios años. El objetivo no es tanto ayudar a construir una planta como asegurar que el proyecto pueda sostenerse una vez entre en operación. En la práctica, la Administración fija un precio de referencia por tonelada de CO2 evitada. Si el precio del carbono o la señal de mercado queda por debajo de ese umbral, compensa la diferencia; si lo supera, el esquema puede incorporar pagos de vuelta.

¿Quiénes son sus potenciales beneficiarios?

Ese diseño responde a una dificultad concreta. En parte de la industria pesada, el problema ya no consiste solo en movilizar CAPEX, sino en asumir un sobrecoste estructural de operación. Es lo que ocurre con tecnologías como la electrificación de alta temperatura, el hidrógeno renovable, la captura y almacenamiento de carbono o ciertos cambios profundos de proceso. “La clave es que el instrumento no premia simplemente la inversión, sino la capacidad de mantener en marcha una tecnología baja en carbono que hoy todavía no compite en igualdad de condiciones”, explica Sancho Ubani, consultor senior de Zabala Innovation y experto en descarbonización.

Ese matiz delimita también a sus posibles beneficiarios. Los sectores con más opciones de encajar en futuras convocatorias de CCfD son aquellos con emisiones elevadas, alto consumo energético y alternativas tecnológicas ya identificadas, pero todavía caras. Ahí aparecen el cemento, el acero, la química, el refino, el papel, la cerámica, el vidrio o determinadas actividades minerales. En todos ellos, la reducción de emisiones exige medidas que van más allá de mejoras incrementales de eficiencia.

La estabilidad como principal ventaja

Una de las razones por las que Bruselas y varios Estados miembros han empezado a explorar esta fórmula es su relación directa con el mercado europeo de carbono. Los CCfD tienden a construirse alrededor del precio del EU ETS, el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, que sirve como referencia para calcular la diferencia entre el coste de la descarbonización y la señal económica del carbono. “Esto permite dar estabilidad a proyectos expuestos a una volatilidad que hoy complica su aprobación interna y su financiación externa”, destaca Ubani.

En ese terreno, Alemania se ha convertido en el gran laboratorio europeo. El Gobierno federal ha articulado un programa específico de contratos climáticos y uno de los casos más citados es el de BASF en Ludwigshafen. La empresa ha recibido luz verde para una ayuda de hasta 310 millones de euros destinada a una gran bomba de calor industrial que producirá vapor libre de CO2 en su complejo químico. La instalación prevé generar hasta 500.000 toneladas de vapor al año y reducir hasta 100.000 toneladas anuales de CO2. Para el sector, el caso ha servido para constatar que estos contratos no se limitan a grandes proyectos de hidrógeno o siderurgia, sino que también pueden respaldar la electrificación industrial a gran escala.

¿Cómo podrían implementarse en España?

En opinión de Ubani, la secuencia de implementación de los CCfD más plausible en España pasa por el desarrollo reglamentario del instrumento, el lanzamiento de una ronda limitada o piloto y, solo después, una ampliación si el mecanismo demuestra capacidad real para movilizar inversión y reducción de emisiones. Esa evolución encajaría con la estructura del tejido industrial español, donde muchas iniciativas seguirán necesitando apoyo al CAPEX mediante subvención o préstamo, mientras que un grupo más reducido requerirá además cobertura de largo plazo sobre sus costes operativos.

¿Qué pueden hacer las empresas desde ya?

El eventual despliegue también obligará a una preparación más sofisticada por parte de las empresas. “Ya no bastará con presentar un presupuesto de inversión y una memoria técnica”, advierte Ubani. Los candidatos tendrán que acreditar una línea base de emisiones sólida, estimar con precisión las toneladas evitadas, calcular su diferencial de costes frente al proceso convencional y justificar qué nivel de apoyo necesitan por tonelada para que el proyecto resulte viable.

“Europa está incorporando instrumentos que no solo penalizan las emisiones, sino que también ayudan a cubrir el riesgo económico de las tecnologías limpias”, resume Ubani. En ese contexto, España empieza a alinearse con esta tendencia. “Las empresas con potencial para acogerse a los futuros contratos por diferencia de carbono deberían empezar a estructurar sus proyectos con ese escenario en mente”, concluye.