La segunda convocatoria del PERTE de Descarbonización industrial abrirá el 2 de febrero

La segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización industrial se abrirá el 2 de febrero de 2026 y contará con un presupuesto en subvenciones que podría elevarse hasta los 408 millones de euros, frente a los 329,7 millones previstos inicialmente. La posible ampliación fue avanzada durante un webinar organizado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Turismo y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), la empresa pública que gestionará la convocatoria. La convocatoria se rige por el sistema de concurrencia no competitiva, por lo que los fondos se asignarán por orden de llegada a los proyectos que cumplan los requisitos, hasta que se agote el presupuesto. Este mecanismo sitúa la anticipación y la rapidez en la presentación como factores clave para acceder a las ayudas.

La convocatoria está dirigida a impulsar proyectos tractores de descarbonización en instalaciones industriales ya en operación. El objetivo es acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria manufacturera y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y alineado con los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.

“En este tipo de convocatorias, en las que no hay una comparación entre proyectos y el criterio decisivo es el orden de entrada, la preparación previa resulta determinante”, señala Sancho Ubani, consultor senior de Zabala Innovation en proyectos nacionales. “Llegar al 2 de febrero con los proyectos bien definidos, técnicamente maduros y con la documentación lista puede marcar la diferencia entre obtener la ayuda o quedarse fuera, incluso cumpliendo todos los requisitos”, añade este experto.

Quién puede acceder a las ayudas

Podrán beneficiarse de estas subvenciones:

• las sociedades mercantiles privadas con personalidad jurídica propia que desarrollen actividad industrial, con independencia de su tamaño o forma jurídica;
• las sociedades mercantiles estatales con actividad industrial;
• las agrupaciones sin personalidad jurídica, organizadas en torno a una única instalación industrial considerada como instalación principal.

Las entidades solicitantes deberán desarrollar actividades incluidas en las divisiones 7, 8 y 10 a 32 de la CNAE-2025 y acreditar al menos tres años de experiencia en actividad industrial. En el caso de proyectos en agrupación, también podrán participar otros tipos de entidades, como empresas de servicios energéticos o filiales especializadas.

Actuaciones financiables

Cada proyecto tractor deberá estar formado por uno o varios proyectos primarios, encuadrados en alguna de las siguientes líneas de actuación:

• reducción de emisiones directas, mediante electrificación de procesos, uso de hidrógeno renovable o sustitución de combustibles fósiles por alternativas renovables;
• mejora sustancial de la eficiencia energética, con reducción del consumo de energía eléctrica;
• instalaciones de energías renovables para autoconsumo industrial;
• sistemas de almacenamiento de energía;
• producción de combustibles hipocarbónicos destinados al autoconsumo;
• equipos de captura de carbono aplicados a procesos industriales.

Intensidad y límites de la ayuda

Las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas, con intensidades que variarán en función del tipo de actuación y del tamaño de la empresa, y que podrán alcanzar hasta el 60% del presupuesto financiable en determinados supuestos. El límite máximo de ayuda por proyecto tractor se sitúa en 200 millones de euros.

Umbrales mínimos de inversión

Las bases reguladoras establecen distintos presupuestos mínimos, según el tipo de proyecto y el ámbito regulatorio.

• Proyectos primarios: presupuesto financiable mínimo de 1 millón de euros.
• Proyectos tractores en el ámbito RCDE-UE: presupuesto total superior a 10 millones de euros, o al menos un proyecto primario con más de 5 millones de euros.
• Proyectos tractores en sectores difusos: presupuesto total superior a 5 millones de euros, o al menos un proyecto primario con más de 2,5 millones de euros.

Estos umbrales deberán cumplirse junto con el resto de los requisitos técnicos, económicos y medioambientales exigidos por la normativa.

Plazos y efecto incentivador

El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 60 meses desde la resolución de concesión. Además, las ayudas están sujetas al principio de efecto incentivador, por lo que no podrán existir compromisos firmes de inversión previos a la presentación de la solicitud.