Europa sabe investigar chips. ¿Conseguirá convertirlos en industria?

Los semiconductores se han convertido en un recurso estratégico para la economía europea. Las sucesivas crisis de suministro y las tensiones geopolíticas, sin embargo, han puesto de manifiesto hasta qué punto Europa depende de terceros países para acceder a estos componentes. Para responder a este desafío, la Unión Europea aprobó en 2023 la European Chips Act, con el ambicioso objetivo de alcanzar el 20% del mercado mundial de semiconductores en 2030.

Tres años después, los resultados invitan a revisar la estrategia. Europa ha conseguido movilizar inversiones, impulsar nuevas fábricas y poner en marcha infraestructuras tecnológicas de primer nivel. No obstante, las previsiones apuntan a que seguirá lejos de esa meta. La cuestión ya no es únicamente cuánto invierte Europa, sino qué ocurre después con esas inversiones.

De la investigación a la fábrica: el eslabón que falta

La UE cuenta con centros de investigación de referencia mundial, empresas líderes en determinados segmentos del sector y un tejido industrial que necesita cada vez más semiconductores. Pero desarrollar una tecnología innovadora en un laboratorio no significa que pueda fabricarse inmediatamente a gran escala.

Entre ambos extremos es necesario validar la tecnología, demostrar que puede producirse de manera fiable, atraer inversiones y encontrar clientes dispuestos a utilizarla. Este proceso constituye uno de los principales desafíos europeos.

Una tecnología puede funcionar perfectamente en un entorno experimental y, aun así, no llegar nunca al mercado. Puede resultar demasiado cara de producir, no encontrar financiación suficiente o carecer de una demanda que justifique su industrialización. Por eso, la autonomía tecnológica no se consigue únicamente financiando investigación o construyendo instalaciones. También exige crear las condiciones para que esas capacidades se conviertan en actividad industrial sostenible.

No basta con fabricar chips, también hay que generar demanda

En junio de este año, la Comisión Europea presentó su propuesta de Chips Act 2.0, una revisión de la regulación aprobada tres años antes.  Una de sus principales novedades es que reconoce la necesidad de conectar mejor las inversiones tecnológicas con la demanda real de semiconductores. Mientras que el primer Reglamento se centró especialmente en aumentar la capacidad de producción, atraer inversiones y desarrollar infraestructuras de investigación, la nueva propuesta incorpora mecanismos para favorecer la colaboración entre quienes diseñan y fabrican chips y las empresas que los necesitan.

Entre las medidas planteadas destacan instrumentos para identificar las necesidades de los sectores industriales, impulsar compromisos de demanda y fomentar la compra de tecnologías innovadoras. La lógica es sencilla: si una empresa va a invertir grandes cantidades de dinero en desarrollar o fabricar un nuevo semiconductor, necesitará saber que existirá un mercado para él. Esto resulta especialmente relevante en Europa, donde sectores como la automoción, la energía o las telecomunicaciones constituyen importantes consumidores potenciales.

Las líneas piloto de Chips JU, otra oportunidad para Europa

Uno de los principales avances de la primera Chips Act ha sido el impulso de cinco grandes líneas piloto europeas, promovidas a través de la Chips Joint Undertaking (Chips JU). Estas infraestructuras, respaldadas por una inversión pública conjunta europea y nacional de aproximadamente 3.700 millones de euros, permiten probar nuevas tecnologías en condiciones más próximas a las de una fábrica real. Abarcan desde procesos de fabricación de chips de última generación hasta semiconductores para electrónica de potencia, circuitos fotónicos y nuevas técnicas de integración de componentes.

Su objetivo es facilitar que empresas, centros tecnológicos y universidades puedan desarrollar y validar soluciones sin asumir individualmente el enorme coste de estas instalaciones. Su puesta en marcha plantea, sin embargo, una pregunta fundamental: ¿cómo mediremos su éxito?

El volumen de inversión movilizada, las infraestructuras construidas o los avances científicos conseguidos son indicadores importantes, pero no deberían ser los únicos. También será necesario conocer cuántas empresas utilizan realmente estas instalaciones, cuántas tecnologías superan la fase experimental y cuántas terminan incorporándose a procesos comerciales de fabricación.

La propia industria europea está reclamando que las líneas piloto no sean únicamente infraestructuras científicas compartidas, sino parte de una cadena de industrialización financiable de principio a fin. Esto implica facilitar el acceso de las empresas, especialmente las pymes, y garantizar que existan instrumentos capaces de acompañar los desarrollos tecnológicos desde los primeros prototipos hasta la producción comercial.

La Chips Act 2.0 ofrece una oportunidad para reforzar esa conexión. El reto será conseguir que las líneas piloto, las inversiones industriales y los mecanismos de generación de demanda funcionen como partes de una misma estrategia.

El caso Nexperia y la dependencia exterior

La necesidad de adoptar una visión más amplia de la industria de semiconductores quedó patente con la crisis de Nexperia en 2025. Las tensiones relacionadas con esta empresa, con sede en Países Bajos y propiedad china, y las posteriores restricciones a las exportaciones desde el gigante asiático, provocaron problemas de suministro que afectaron especialmente al sector europeo de automoción.

El caso evidenció una vulnerabilidad que a menudo pasa desapercibida: la fabricación de un semiconductor no termina necesariamente cuando se produce el chip. Posteriormente pueden ser necesarias operaciones como el ensamblaje, las pruebas o el encapsulado, que permiten preparar el componente para su utilización comercial. Estas actividades suelen encontrarse repartidas entre distintos países.

Por tanto, incluso cuando parte de la producción tiene lugar en Europa, determinados procesos esenciales pueden seguir dependiendo de instalaciones situadas en Asia. Producir más chips en Europa no garantiza una mayor autonomía si seguimos dependiendo de terceros países para completar su fabricación.

De la autonomía tecnológica a la competitividad industrial

Europa ha dado pasos importantes para recuperar protagonismo en la industria mundial de semiconductores, pero la experiencia de la primera Chips Act demuestra que aumentar la financiación no es suficiente para transformar una cadena de valor tan compleja y globalizada. El desafío no consiste necesariamente en fabricar en Europa todos los chips que necesita nuestra economía, sino en desarrollar capacidades competitivas en tecnologías estratégicas y reducir dependencias críticas.

La Chips Act 2.0 plantea instrumentos para avanzar en esa dirección. No obstante, el verdadero éxito de la estrategia europea no debería medirse únicamente por los miles de millones movilizados, las instalaciones inauguradas o los proyectos financiados, sino también por nuestra capacidad para convertir ese esfuerzo en tecnologías comercializadas, empresas competitivas, cadenas de suministro más resilientes y producción industrial sostenible.

Porque el futuro de los semiconductores en Europa no se decidirá únicamente en los laboratorios, sino en nuestra capacidad para llevar esas tecnologías a las fábricas y convertirlas en productos que el mercado realmente necesite.