“Todas las empresas tienen que conocer el ‘tax lease”

La financiación de la innovación no depende únicamente de conseguir subvenciones. Las deducciones fiscales, la posibilidad de anticipar su valor y la protección de los activos intangibles también pueden determinar que un proyecto salga adelante. Esta fue una de las ideas centrales de la jornada Fiscalidad y propiedad industrial: herramientas para mejorar la innovación, celebrada a mediados de este mes en la Fundación PONS, en el marco del Foro de Financiación de Scale Lab, con la participación de especialistas de Zabala Innovation, Acerta y PONS IP. En este marco, Rafael Legasa, director del área de Incentivos fiscales de Zabala Innovation, dedicó especial atención al tax lease, una vía para financiar proyectos de I+D+i mediante la transferencia de deducciones fiscales a través de agrupaciones de interés económico (AIE). “Todas las empresas lo deberían conocer, antes de decidir si les interesa utilizarlo”, señaló.

El ‘tax lease’ y los informes motivados vinculantes

Legasa explicó que muchas empresas desarrollan actividades de I+D que generan deducciones, pero no pueden aprovecharlas porque su situación fiscal no les permite aplicarlas. En estos casos, existen alternativas para obtener liquidez sin tener que esperar a disponer de cuota tributaria suficiente. Una de ellas es la monetización, mediante la cual Hacienda abona el 80% de la deducción generada, siempre que se cumplan determinadas condiciones. No obstante, Legasa advirtió de que este procedimiento implica plazos prolongados: la empresa debe presentar el impuesto sobre sociedades del ejercicio correspondiente, esperar el periodo establecido por la normativa y, posteriormente, recibir el abono.

Frente a esta fórmula, el tax lease permite canalizar la transferencia de deducciones mediante una AIE. En esta agrupación participan inversores interesados en obtener beneficios fiscales que puedan aplicar en su impuesto sobre sociedades. La empresa que desarrolla el proyecto factura a la AIE por la actividad realizada y obtiene financiación, mientras que los inversores reciben un derecho de deducción fiscal superior a los fondos aportados.

“La principal ventaja del tax lease”, sostuvo Legasa, “es la liquidez”, ya que este mecanismo permite obtener financiación durante el mismo año en que se desarrolla el proyecto, frente a los plazos de la monetización, que pueden acercarse a dos años y medio. El experto aclaró, además, que la proporción económica de estas operaciones no está fijada normativamente como ocurre con la monetización. Por eso defendió que todas las empresas deberían conocer el instrumento y valorar su utilización según sus circunstancias, ya sea para financiar su innovación o para invertir.

Los informes motivados vinculantes

El experto presentó también una radiografía del sistema de informes motivados vinculantes (IMV), que ofrecen seguridad a las empresas frente a la Administración al aplicar deducciones por I+D+i. Según los datos ministeriales expuestos, las solicitudes rondaron las 11.000 en 2024 y se emitieron 9.355 informes. Desde 2011, las solicitudes se han multiplicado por 3,4. Legasa subrayó que cualquier empresa puede recurrir a este mecanismo, independientemente de su actividad, y que dos de cada tres entidades participantes son pymes.

Otro dato destacado fue el creciente peso de la innovación tecnológica, que representa el 63% de los informes y el 77,5% del gasto asociado a los proyectos. Para diferenciarla de la I+D, Legasa recurrió a los conceptos de “novedad subjetiva” y “novedad objetiva”, respectivamente. Esta distinción tiene consecuencias fiscales: en territorio común, las deducciones por I+D pueden oscilar entre el 25% y el 59%, frente al 12% de la innovación tecnológica.

La certificación y las patentes para reducir riesgos

Daniel Agudo, director de Relaciones institucionales de Zabala Innovation, moderó la mesa redonda y situó el debate en un contexto de riesgos crecientes para los proyectos innovadores. Ante el final de los fondos Next Generation y mientras se define el nuevo Programa Marco de la Unión Europea, presentó los incentivos fiscales como una herramienta estable para reducir incertidumbres. Sus preguntas condujeron la conversación hacia la calificación de los proyectos, los plazos de certificación, la coordinación con las patentes y las distintas opciones para convertir las deducciones en financiación efectiva.

Mónica Aguilar, directora de Relaciones Institucionales de Acerta, insistió en la importancia de documentar correctamente la novedad y la incertidumbre tecnológica para defender un proyecto como I+D. Explicó que muchos desarrollos se encuentran en una zona gris entre investigación e innovación, por lo que resulta fundamental justificar su aportación tecnológica y las dificultades que deben superarse. Como ejemplo, mencionó proyectos de airbags para motocicletas y descapotables que, pese a partir de una tecnología existente, fueron calificados como I+D por los desafíos técnicos que planteaban.

Aguilar recomendó anticipar la preparación de los expedientes para evitar retrasos y pérdidas de oportunidades fiscales. Señaló que la certificación suele contemplar ocho semanas, aunque Acerta registró una media de 47 días. También explicó el funcionamiento de los certificados de ahorro energético (CAE), que permiten monetizar los ahorros derivados de inversiones en eficiencia energética, como la instalación de iluminación LED o la sustitución de maquinaria por equipos más eficientes.

Luis Ignacio Vicente del Olmo, consejero estratégico de PONS IP, destacó que la propiedad industrial puede aportar seguridad jurídica a la aplicación de los incentivos fiscales. Explicó que las patentes ayudan a acreditar la novedad de una tecnología y recomendó plantear su solicitud cuando el proyecto ya está definido, sin esperar necesariamente a finalizarlo. Recordó que la concesión de una patente puede tardar alrededor de dos años, aunque antes pueden obtenerse informes que contribuyan a justificar la novedad del desarrollo.

El especialista abordó también la importancia de identificar, proteger y valorar los activos intangibles para atraer inversores. A su juicio, conocer la titularidad y el valor de la tecnología reduce incertidumbres en las operaciones de financiación y en la valoración de las empresas. Mencionó asimismo el patent box como un incentivo adicional relacionado con la cesión de tecnología. Su mensaje final fue que una gestión adecuada de la fiscalidad y la propiedad industrial no solo permite reducir riesgos, sino también aumentar el valor de las compañías.