España encara la recta final de los fondos Next Generation EU

El Plan de Recuperación español, que articula el grueso de las inversiones y reformas financiadas por Next Generation EU, encara sus últimas semanas de ejecución con buena parte de los fondos europeos ya desembolsados, pero también con una elevada concentración de compromisos pendientes. Tras el sexto pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), abonado por la Comisión Europea el 11 de agosto, España ha recibido alrededor de 78.000 millones de euros, equivalentes al 76,5% de los aproximadamente 102.000 millones que tenía asignados en la configuración del Plan previa a su última modificación. Hasta ahora se ha cumplido, además, cerca del 60% de todos los hitos y objetivos comprometidos. El Gobierno prepara ahora una séptima y última solicitud de pago que prevé incluir 148 hitos y objetivos.

El último desembolso ascendió a unos 6.230 millones de euros netos de prefinanciación. De ellos, 5.970 millones de euros corresponden a la sexta solicitud de pago, presentada en marzo, y otros 265 millones de euros proceden de dos compromisos de la quinta solicitud cuyo pago había quedado suspendido. Hacienda desglosa la sexta solicitud en 4.962 millones de euros en transferencias y 1.008 millones de euros en préstamos. El pago reconoce avances en ámbitos como vivienda, sanidad, movilidad sostenible, digitalización ferroviaria o proyectos estratégicos de transformación económica. Este pago no supone, sin embargo, la apertura de una nueva bolsa de ayudas: el MRR funciona mediante desembolsos ligados al cumplimiento acreditado de reformas e inversiones pactadas con Bruselas.

La Adenda de cierre reduce el Plan de Recuperación español

La sexta solicitud tampoco está completamente cerrada. Tres objetivos continúan pendientes de evaluación: uno vinculado a la Formación Profesional bilingüe, otro a los servicios de teleasistencia y un tercero a proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas. La cuestión afecta en buena medida a la forma de acreditar y verificar su cumplimiento. Precisamente por ello, la Adenda de cierre aprobada por el Consejo de ministros el 28 de julio incorpora ajustes negociados con la Comisión Europea sobre esos tres objetivos y actualiza más de 121 hitos y objetivos y 101 medidas para facilitar la evaluación final.

Esa adenda introduce además un nuevo ajuste financiero. La versión del Plan aprobada a comienzos de 2026 tenía un coste total estimado de unos 102.575 millones de euros, con cerca de 79.854 millones de euros en contribución financiera no reembolsable y un máximo de 22.706 millones de euros en préstamos. La nueva propuesta presentada por la Comisión Europea el 7 de agosto reduce el coste estimado hasta unos 101.318 millones de euros y el volumen máximo de préstamos hasta aproximadamente 21.449 millones de euros. La misma documentación europea recoge también una reducción de 197,97 millones de euros vinculada al quinto tramo de ayuda no reembolsable que España ya no puede solicitar.

España prepara la última solicitud de Next Generation EU

El cambio confirma una transformación profunda respecto al diseño que llegó a situar el Plan español en torno a 163.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. La reducción se concentra esencialmente en el endeudamiento: aquella configuración llegó a poner a disposición de España unos 83.000 millones e euros en préstamos, mientras que las sucesivas revisiones han rebajado sustancialmente esa cifra. El Gobierno ha argumentado que la mejora de las condiciones de financiación del Tesoro ha eliminado prácticamente la ventaja que existía en 2021 al recurrir a préstamos canalizados por la Comisión Europea. La estrategia final pasa así por preservar el máximo posible de transferencias y limitar el recurso a deuda europea cuando su coste ya no resulta especialmente favorable.

La carrera decisiva está ahora en el séptimo y último desembolso. El Gobierno prepara una solicitud que prevé reclamar 21.462 millones de euros en transferencias y 4.400 millones de euros en préstamos. Son cantidades previstas, no aprobadas todavía por Bruselas. A 26 de agosto, además, la Adenda de cierre aún no había culminado formalmente su aprobación: la Comisión Europea presentó su propuesta el 7 de agosto y el Consejo abrió el 25 de agosto un procedimiento escrito cuya votación debía cerrarse el día 27.

El margen temporal es mínimo. Todos los hitos y objetivos del MRR deben haberse alcanzado, como máximo, el 31 de agosto de 2026. Las últimas solicitudes de pago, acompañadas de las pruebas necesarias, deberán presentarse antes del 30 de septiembre, y todos los desembolsos europeos tendrán que efectuarse antes de que termine el año. La fotografía de cierre, por tanto, no dependerá solo del dinero que España tenía asignado sobre el papel, sino de cuánto pueda acreditar dentro de plazo. Después llegará otra evaluación, más compleja: determinar hasta qué punto esta movilización extraordinaria de fondos se ha traducido en cambios duraderos en la economía, los servicios públicos y el tejido productivo.