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Marco temporal

Nuevas ayudas para inversiones en la transición verde por 1.100 millones de euros

Ayudas equipos neutralidad climática

La Comisión Europea dio luz verde el lunes a un régimen español de ayudas por valor de 1.100 millones de euros, destinado a inversiones en la producción de equipos necesarios para impulsar la transición hacia una economía de cero emisiones netas, en sintonía con el Plan industrial del Pacto Verde. El régimen, que se financiará parcialmente con cargo al Mecanismo de recuperación y resiliencia, se ha aprobado en consonancia con el nuevo Marco temporal de crisis y transición relativo a las ayudas estatales, que Bruselas adoptó el 9 de marzo y modificó parcialmente hace 10 días, con el propósito de respaldar medidas en sectores fundamentales para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles.

Las ayudas se otorgarán mediante subvenciones directas a las empresas que fabriquen los equipos pertinentes, sobre todo baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor y electrolizadores. Serán elegibles también las inversiones dirigidas a producir componentes clave diseñados y utilizados principalmente como insumos directos para la fabricación de estos equipos o de las materias primas fundamentales relacionadas.

Tras la notificación por parte del Gobierno, la Comisión Europea aprobó estas ayudas al considerar que cumplen con las condiciones establecidas en el Marco temporal de crisis y transición, ya que incentivarán la producción de los equipos necesarios para la transición hacia una economía de cero emisiones netas y se concederán a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Bruselas ha concluido que este régimen de ayuda es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de ciertas actividades económicas, cruciales para la ejecución del Plan industrial del Pacto Verde.

De esta forma, la Comisión Europea facilita la implementación de estas subvenciones, en línea con la aprobación de otras ayudas similares a lo largo de los últimos siete meses, todas ellas encuadradas en el Marco temporal de crisis y transición, que se adoptó el año pasado y se renovó en marzo para que los Estados miembros pudieran aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales a fin de sustentar la economía en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Secciones del marco que han sido prorrogadas

El 20 de noviembre se aprobó una extensión de seis meses para ciertas secciones del Marco, con el objetivo de abordar la escalada sin precedentes de los precios de la energía derivada del conflicto. En esta nueva versión, los Estados miembros pueden conceder ayudas:

  • a empresas afectadas por la crisis actual o por las consiguientes sanciones y contrasanciones hasta el importe incrementado de 280 000 euros y 335 000 euros en los sectores de la agricultura y de la pesca y acuicultura, respectivamente, y de hasta 2,25 millones de euros en los demás sectores, hasta el 30 de junio de 2024;
  • apoyo a la liquidez en forma de garantías estatales y préstamos bonificados a servicios públicos de suministro de energía, hasta el 31 de diciembre de 2023;
  • ayudas a empresas para compensar los elevados precios de la energía, hasta junio de 2024;
  • medidas para acelerar la implantación de energías renovables, hasta el 31 de diciembre de 2025;
  • medidas que faciliten la descarbonización de los procesos industriales, hasta el 31 de diciembre de 2025;
  • medidas destinadas a sostener la reducción de la demanda de electricidad, hasta el 31 de diciembre de 2023;
  • medidas para seguir acelerando las inversiones en sectores clave para la transición hacia una economía de cero emisiones netas, hasta el 31 de diciembre de 2025; las ayudas españolas aprobadas por la Comisión Europea esta semana se inscriben en esta sección.

El Marco temporal de crisis complementa las demás posibilidades de que disponen los socios del club de los 27 para planificar medidas acordes a las normas sobre ayudas estatales vigentes en la UE. Estas permiten a los Estados miembros, por ejemplo, prestar apoyo a las empresas que tengan problemas de liquidez y necesiten una ayuda de salvamento urgente.