Nuevas ayudas por 2.000 millones de euros para la transición energética

El Gobierno prepara un nuevo paquete de ayudas de unos 2.000 millones de euros para reforzar la transición energética y la competitividad industrial. Las líneas de financiación, que se articularán a través de distintas convocatorias, cubrirán proyectos relacionados con la cadena de valor industrial, la integración de energías renovables, la movilidad eléctrica y las soluciones térmicas en sectores industriales y residenciales. Muchas de las actuaciones podrán ejecutarse más allá de 2026, el límite de gasto previsto en el actual Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El paquete procede de los fondos del PRTR y se vincula en parte al nuevo Marco europeo de ayudas para la industria limpia (CISAF, por sus siglas en inglés), aprobado por la Comisión Europea en junio. Estas convocatorias podrán extenderse hasta finales de 2028, lo que ofrece a los promotores un margen más amplio de ejecución. Algunas de las nuevas líneas de financiación ya se encuentran en tramitación, según una nota difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica el jueves.

Cadena de valor industrial

En el eje de la cadena de valor industrial, el plan prevé convocatorias por entre 300 y 350 millones de euros para reforzar la producción de componentes asociados a tecnologías renovables, como fotovoltaica, eólica, bombas de calor o electrolizadores. También se incluirá la fabricación de equipos vinculados a la eficiencia energética y la red eléctrica, además de tecnologías transformadoras como los hornos de arco eléctrico. A esta línea se sumará otra de 200 millones destinada a la adaptación de infraestructuras portuarias al desarrollo de la eólica marina y otras energías marinas.

El fomento del hidrógeno renovable seguirá ocupando un papel relevante. Las nuevas convocatorias aportarán entre 300 y 450 millones de euros tanto para inversiones iniciales como para la producción, lo que complementará los más de 3.000 millones ya asignados en programas anteriores. “El hidrógeno se ha convertido en uno de los vectores más estratégicos de la transición energética, y este tipo de convocatorias ayudan a consolidar la cadena de suministro y la capacidad productiva”, señala David Crespo, líder de Operaciones del área Nacional de Zabala Innovation.

Integración de renovables

El apartado dedicado a la integración de renovables incluirá una segunda convocatoria para repotenciación de instalaciones, centrada en energía eólica y proyectos híbridos con almacenamiento. Esta línea dispondrá de entre 300 y 350 millones de euros. También se prevé una nueva convocatoria para centrales hidroeléctricas de bombeo, con un presupuesto de 100 millones, y otra destinada a renovables innovadoras con almacenamiento, como proyectos agrivoltaicos o de fotovoltaica flotante, con una dotación de entre 150 y 200 millones.

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica tramita una orden que permitirá ampliar los plazos de ejecución de proyectos de renovables financiados con el PRTR, especialmente los más complejos, como los de geotermia, energías marinas o biogás. Esa medida permitirá que las actuaciones puedan continuar más allá de agosto de 2026, siempre que la Comisión Europea confirme que encajan en el nuevo esquema de ayudas comunitarias.

“El hecho de que se amplíen los plazos de ejecución supone un alivio para muchos promotores, sobre todo en tecnologías que requieren una fase técnica más prolongada”, apunta Crespo. “A la vez, aporta certidumbre a las empresas, que pueden planificar inversiones a medio plazo sin la presión de un calendario demasiado ajustado”, añade.

Impulso a la movilidad eléctrica

En sus palabras, “el desarrollo de la infraestructura de recarga y la electrificación del transporte logístico son los dos grandes cuellos de botella que aún debe resolver la movilidad eléctrica en España”. El paquete que predispone el Ejecutivo incorporará dos convocatorias en este sentido.

La primera estará orientada a la instalación de puntos de recarga en corredores y grandes vías, con una dotación prevista de entre 150 y 200 millones de euros. La segunda buscará consolidar flotas de reparto electrificadas, con una financiación de 50 millones de euros. Estas nuevas líneas complementan los programas Moves anteriores, que han distribuido más de 2.700 millones de euros en los últimos años.

“Disponer de ayudas específicas para corredores y flotas acelera la adopción de vehículos eléctricos y da continuidad a la inversión privada”, asegura Crespo.

Soluciones térmicas

El cuarto eje de las ayudas está dedicado a soluciones térmicas en los ámbitos industrial y residencial. Una de las convocatorias apoyará la conversión de sistemas de cogeneración con combustibles fósiles hacia procesos electrificados, con un presupuesto estimado de entre 40 y 75 millones de euros. Otra línea de ayudas, con una cuantía similar, se centrará en redes de calor y frío, que ya recibieron 35 millones de euros en su primera convocatoria en 2023.

“El aprovechamiento eficiente del calor y el frío en la industria y en los edificios es un área que puede aportar reducciones importantes en el consumo energético”, explica Crespo. “Estas líneas, aunque menos visibles que las de generación o movilidad, son clave para cumplir los objetivos de eficiencia marcados por la Unión Europea”, agrega.

Un marco parcialmente nuevo

Las nuevas convocatorias se sumarán a los programas ya lanzados dentro del PRTR, entre ellos el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA), que ha canalizado miles de proyectos en los últimos cuatro años. En las intenciones del Gobierno, el objetivo ahora es mantener el ritmo de inversión y ampliar el alcance hacia sectores industriales con mayor potencial de descarbonización.

El CISAF, bajo el que se enmarcan parte de las ayudas, permite una mayor flexibilidad temporal y financiera para proyectos de gran envergadura. Esto supone un cambio relevante respecto a los límites tradicionales del PRTR. En este nuevo contexto, las empresas contarán con un horizonte más amplio para desarrollar sus proyectos, algo que, según Crespo, “favorece la calidad técnica de las propuestas y la maduración de las tecnologías”.

En los próximos meses se espera la publicación de las bases reguladoras de cada convocatoria, que definirán los requisitos de elegibilidad, los porcentajes de ayuda y los criterios de evaluación. “El nivel de competencia será alto, pero también lo será el impacto potencial”, apunta Crespo. “Las empresas que consigan integrar innovación tecnológica, viabilidad financiera y contribución a la descarbonización tendrán una posición ventajosa”, concluye.