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PERTE

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica gestionará el PERTE Chip

PERTE de microelectrónica y semiconductores

El PERTE de microelectrónica y semiconductores, también conocido como PERTE Chip, tiene un nuevo gestor. En la reunión celebrada el martes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para la transformación de la sociedad mercantil SEMyS en la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), junto con el estatuto de la nueva entidad. Este nuevo Ente Público Empresarial gestionará y coordinará las inversiones públicas en los ámbitos de innovación tecnológica, incluyendo las que corresponden al PERTE Chip. Se trata del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de mayor cuantía de los 13 impulsados por el Gobierno.

El PERTE Chip tiene como objetivo fortalecer las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral. Esta iniciativa busca fomentar la autonomía estratégica tanto a nivel nacional como europeo en este sector. Se espera que este proyecto estratégico movilice una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027 y, a su vez, estimule un importante volumen de inversión privada.

El Ministerio de Industria y Turismo tiene previsto lanzar la segunda convocatoria de este PERTE a finales de septiembre, con una dotación de 200 millones de euros. Estas ayudas estarán destinadas a Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación, así como a otras empresas de la cadena de valor de chips y semiconductores.

PERTE de microelectrónica y semiconductores (PERTE Chip)

Para el Gobierno, “el PERTE Chip es un elemento esencial para alcanzar la autonomía estratégica de Europa. Contar con las capacidades tecnológicas e industriales en el campo de la microelectrónica reduce la dependencia de otros mercados y garantiza el abastecimiento, evitando problemas como los que vivimos hace tiempo con la falta de chips en el ámbito de la automoción, que está afectando a las líneas de producción”, según una nota del departamento que dirige Jordi Hereu, difundida a principios de este mes.

En palabras de José Alberto de la Parte, director de Proyectos Estratégicos de Zabala Innovation, “la puesta en marcha de la SETT y la continuación del PERTE Chip representan pasos significativos hacia una economía más digital y autónoma. Con la segunda convocatoria del PERTE Chip prevista para finales de septiembre, se espera una participación activa de empresas e instituciones que puedan beneficiarse de estas ayudas”.

Unos 20.000 millones de euros procedentes del PRTR

La SETT, creada a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, orientará su gestión a la generación de sinergias, la unidad de acción y una visión de medio plazo para transformar la economía española de forma transversal y estructural, incorporando tecnología digital disruptiva en multitud de sectores. Inicialmente, la SETT gestionará cerca de 20.000 millones de euros provenientes de tres grandes fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Más allá del PERTE Chip, la SETT también administrará los 4.000 millones de euros del Fondo Next Tech, destinado a impulsar la inversión pública en proyectos tecnológicos, y más de 1.700 millones de euros de apoyo al sector audiovisual correspondientes a los instrumentos financieros del plan España, Hub Audiovisual de Europa.

La nueva sociedad también involucrará a los sectores tecnológicos de alto valor añadido y tomará las decisiones de presencia y financiación del Gobierno en proyectos con participaciones en empresas tecnológicas estratégicas y disruptivas. De esta forma, la SETT combinará bajo una misma entidad las capacidades de detección financiera de los sectores de más futuro y las capacidades técnicas necesarias para analizar las tendencias tecnológicas y digitales.

En las intenciones del Ejecutivo, la puesta en marcha de la SETT representa un cambio en el modelo de acción de la administración, que ahora promueve una actuación proactiva para introducir sectores de futuro en la economía española mediante la colaboración público-privada.