El mapa de la Compra Pública de Innovación

Andalucía y Galicia concentran el mayor número de oportunidades activas de Compra Pública de Innovación (CPI) y Consultas Preliminares al Mercado (CPM) impulsadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Con una treintena de proyectos en marcha en el primer caso y una quincena en el segundo, ambas Comunidades Autónomas lideran este instrumento con el que el sector público impulsa la innovación al adquirir bienes o servicios que aún no existen o que requieren desarrollo y adaptación. A nivel temático, destacan las iniciativas en los ámbitos de la movilidad eléctrica, salud y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que se sitúan como focos principales dentro de una estrategia nacional que se extiende a lo largo de la geografía española.

El modelo de CPI gana protagonismo en todos los niveles del sector público, con especial relevancia en administraciones locales y regionales. Las oportunidades están orientadas a mejorar la prestación de servicios públicos mediante la adquisición de soluciones innovadoras, aún no disponibles en el mercado. En esta línea, Andalucía ha desplegado un ecosistema especialmente activo, donde coinciden entidades como la Fundación Progreso y Salud, el Parque Científico Tecnológico Cartuja, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación o empresas municipales como Limasam en Málaga. Galicia, por su parte, ha canalizado buena parte de su actividad a través de diversos departamentos de la Xunta y entes como la Axencia Galega de Innovación o la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

“Desde Zabala Innovation estamos apoyando activamente al sector público en la implementación de políticas que impulsen la generación de procesos de CPI, como a las empresas privadas en la detección y ejecución de proyectos de CPI; y hemos comprobado que donde hay una estrategia coordinada, los resultados llegan antes y mejor”, señala Rubén Heredia, director de Compra Pública de Innovación de esta consultora. “En toda España, pero especialmente en Andalucía y Galicia, han entendido que la innovación no es un gasto, sino una inversión pública con retorno”, afirma.

Del sur al norte

La temática predominante en los proyectos de CPI para el periodo 2021-2027 son las TIC, con 21 iniciativas centradas en soluciones digitales, plataformas inteligentes, inteligencia artificial, y tecnologías aplicadas a sectores como salud, medio ambiente, transporte y educación. Esta tendencia refleja el papel clave que desempeña la transformación digital en la modernización de los servicios públicos y en la resolución de retos sociales complejos.

En cuanto a la distribución territorial, Andalucía, con 32 proyectos, lidera con diferencia el ranking de los territorios que reúnen más oportunidades. En segundo lugar, se encuentra el Estado, que, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) propone 21 proyectos, muchos de ellos vinculados a defensa, movilidad y tecnologías emergentes. Galicia ocupa el tercer puesto con 16 proyectos, enfocados en sostenibilidad, salud y digitalización del entorno rural. Le siguen Valencia (4), Murcia (3) y Canarias (2). También figuran, con un proyecto cada una, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Melilla y Navarra, lo que, en palabras de Heredia “demuestra una cobertura territorial amplia, aunque con claras concentraciones regionales”.

“La CPI es especialmente eficaz cuando se aplica en sectores donde la innovación no es una opción sino una obligación por la falta de respuesta del mercado”, subraya Heredia. “En salud, por ejemplo, permite probar soluciones pioneras con una lógica de evaluación rigurosa, sin asumir todos los riesgos desde el principio por parte de una única entidad”.

Explorar antes de contratar

En paralelo, las CPM – una fase previa y no vinculante – han ganado peso como herramienta para explorar el estado del mercado antes de lanzar una contratación innovadora. A través de estas consultas se testean tecnologías emergentes y se identifican posibles proveedores capaces de responder a desafíos aún no resueltos. Entre los casos recientes destacan proyectos como la monitorización de playas mediante sensores inteligentes, el seguimiento de insectos transmisores de enfermedades o la recuperación ecológica del Mar Menor en Murcia.

Estas consultas previas también se han utilizado en proyectos vinculados a vigilancia medioambiental, detección temprana de incendios forestales o plataformas de apoyo a decisiones en política climática. Aunque menos visibles que las licitaciones de CPI, su valor estratégico es alto, ya que permiten definir mejor los pliegos técnicos y aumentar la participación del tejido innovador. “La CPM no solo informa, también dinamiza”, apunta Heredia. “Permite al sector público conocer capacidades que muchas veces desconocen, y a las empresas, apalancar su I+D adaptando su oferta a retos concretos con tiempo y enfoque”.

Desde el punto de vista temático, más allá de salud y movilidad, se identifican proyectos en ámbitos como la gestión del agua, el control de plagas, la ciberseguridad o la agricultura sostenible. Algunos de ellos combinan diferentes enfoques, como es el caso de iniciativas que aplican inteligencia artificial al seguimiento del CO₂ o la optimización de cultivos forestales en zonas despobladas. La amplitud de campos refleja una consolidación progresiva del instrumento, que deja de limitarse a grandes contratos tecnológicos para abordar también mejoras concretas en servicios municipales, educativos o sanitarios.

El marco institucional ha evolucionado en paralelo. Organismos como Adif, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) o la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas han reforzado sus líneas de apoyo a este tipo de contratación, al tiempo que redes regionales y plataformas sectoriales han comenzado a integrar la CPI como vía estable de colaboración público-privada. Heredia subraya que, frente a las licitaciones tradicionales, la CPI exige una preparación técnica y estratégica más intensa. “Es una herramienta exigente para todos los actores. Pero bien aplicada, tiene un efecto tractor sobre sectores clave de la economía”.

Cambio de mentalidad

El contexto de estos avances se sitúa en un cambio cultural más amplio en el sector público, alentado por la necesidad de modernizar servicios y aprovechar el potencial tecnológico disponible en centros de investigación y empresas innovadoras. En los últimos años, los fondos europeos han acelerado esta transición, aportando recursos para desarrollar prototipos, pruebas piloto y soluciones demostradoras.

La consolidación de la CPI como política pública no está exenta de desafíos. La necesidad de formación especializada, la gestión de riesgos en entornos normativos rígidos y la coordinación interdepartamental son algunos de los factores que condicionan su expansión. El crecimiento en número y variedad de oportunidades, sin embargo, parece apuntar a una progresiva maduración del ecosistema.

En este sentido, “la CPI está dejando de ser una excepción para convertirse en una opción realista y viable para resolver problemas públicos complejos. El reto ahora es mantener esta tendencia en el tiempo, con modelos de gobernanza que aseguren continuidad y aprendizaje”, concluye Heredia.