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Convocatorias clave de los PERTE en marcha en 2025
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Con la última resolución, Industria concede otros 25 millones de euros para modernizar la cadena alimentaria mientras el programa supera los 400 beneficiarios
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El PERTE Agro cierra su recorrido con la aprobación de 34 nuevas ayudas por casi 25 millones de euros, completando un programa que ya moviliza cerca de 300 millones de euros y alcanza a más de 400 empresas en toda España. Las dos convocatorias han impulsado proyectos de modernización, sostenibilidad, digitalización e innovación en la industria alimentaria, con una fuerte presencia de pymes y una amplia distribución territorial. Spain Food Valley, acompañado por Zabala Innovation, destaca como caso emblemático del impacto transformador del programa.
El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agro) completa su recorrido con la aprobación de 34 nuevas ayudas por casi 25 millones de euros, un reparto que el Ministerio de Industria y Turismo considera el tramo final de un programa que ya ha movilizado cerca de 300 millones de euros y alcanzado a más de 400 empresas en toda la geografía española. Entre los antecedentes de este proceso figura la participación de Zabala Innovation en la primera convocatoria, cuando acompañó hasta el éxito al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria en la preparación de Spain Food Valley, una iniciativa que obtuvo financiación para desplegar 28 proyectos orientados a la digitalización del sector.
Las compañías seleccionadas en esta última tanda de la segunda convocatoria del PERTE Agro proceden de 10 Comunidades Autónomas y desarrollan actividades diversas dentro de la cadena alimentaria. Las actuaciones que plantean abarcan desde la implantación de fuentes de energía sostenibles hasta la modernización de líneas de producción, así como mejoras en la eficiencia de los procesos de fabricación de alimentos.
Con esta resolución, Industria da por completado el recorrido del proyecto estratégico. El ministro Jordi Hereu subrayó que la suma de las dos convocatorias ha permitido acercar recursos a un tejido compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Según defendió, el programa muestra efectos ya visibles en diversos segmentos de la industria alimentaria y en su distribución territorial.
La primera edición del PERTE Agro resolvió 182 millones de euros para 286 proyectos vinculados a 224 empresas. Ese reparto abrió paso a la configuración de consorcios y plataformas tecnológicas que buscan modernizar procesos internos, mejorar la trazabilidad de los productos y avanzar en la transición ecológica. Spain Food Valley se convirtió en uno de los ejemplos más citados por su dimensión multisectorial y por el esfuerzo coordinado que impulsa el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria junto a 17 entidades participantes.
La segunda convocatoria ha repartido 97,88 millones de euros entre 138 proyectos. La distribución territorial y sectorial ha sido amplia, con presencia de elaboradores de aceite, lácteos, panadería, destilados, cárnicos y otras ramas productivas.
El PERTE Agro se articuló en torno a tres grandes líneas. La primera se centró en apoyar a la industria alimentaria para que adaptara sus procesos de producción en un entorno que exige más competitividad, más sostenibilidad y una trazabilidad reforzada. La segunda giró en torno a la digitalización del conjunto de actores de la cadena, desde agricultores y ganaderos y sus cooperativas hasta las pequeñas empresas dedicadas a la transformación y comercialización. La tercera línea se orientó a impulsar la investigación y la innovación, con la intención de que los avances tecnológicos se trasladen a todos los eslabones del sector.
La resolución provisional publicada ahora confirma la orientación práctica del PERTE Agro, que ha buscado reforzar la capacidad de adaptación de un sector muy expuesto a cambios regulatorios, exigencias de mercado y nuevas pautas de consumo. Este proyecto estratégico pretende favorecer el empleo de calidad y contribuir a que las empresas mantengan su actividad en sus territorios de origen.
La dispersión geográfica de los proyectos responde a esa voluntad de llegar a zonas rurales y a municipios donde la industria alimentaria desempeña un papel fundamental en la estructura económica. En ese sentido, la presencia de pequeñas factorías, empresas familiares y plantas especializadas evidencia la diversidad de agentes implicados.
“La industria agroalimentaria es estratégica para nuestro día a día, nuestra economía y nuestros territorios”, escribió Hereu en un post publicado en su cuenta de la red social LinkedIn ayer. “Seguiremos acompañándola en esta transformación”, concluyó.

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Fernando Pérez
Director de la Unidad de Negocio de Programas Nacionales / Comité Ejecutivo

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