La compatibilidad entre las ayudas públicas y los incentivos fiscales

Una de las dudas que pueden surgir a la hora de acceder a ayudas públicas para proyectos de I+D+i es si estas serán compatibles con los incentivos fiscales que existen en España en este ámbito. “En la mayoría de los casos, la respuesta es afirmativa”, zanja Rafael Legasa, director del área de Incentivos Fiscales y miembro del Comité ejecutivo de Zabala Innovation. La compatibilidad entre la financiación pública y las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social o las deducciones fiscales por actividades de I+D+i, según este experto, se concibe como una herramienta para optimizar los recursos de las empresas y reforzar su capacidad de innovación. “Este marco garantiza, tanto a pymes como a entidades de mayor tamaño, que el acceso a la financiación y a las ventajas fiscales promueva el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo en diversos sectores económicos”, abunda Legasa.

El sistema español combina una amplia gama de incentivos a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Entre ellos destacan las deducciones fiscales por actividades de I+D+i, las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para personal investigador y las ayudas públicas cofinanciadas por fondos europeos o nacionales. “Estas medidas, lejos de ser excluyentes, son compatibles en la mayoría de los casos, siempre que se cumplan ciertas condiciones técnicas y administrativas”, advierte Legasa.

Una combinación estratégica

En el ámbito de las bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para personal investigador, se permite que estas sean compatibles con las deducciones fiscales por actividades de I+D+i siempre que se apliquen de manera adecuada. Esta compatibilidad resulta especialmente relevante para las pymes que tienen el Sello de Pyme Innovadora, ya que les permite aprovechar ambos incentivos y optimizar los recursos destinados a su personal investigador. Estas empresas tienen la posibilidad de aplicar deducciones fiscales a los mismos investigadores cuyo coste salarial ya ha sido objeto de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social.

La clave de esta compatibilidad radica en garantizar que las empresas acrediten correctamente las actividades desarrolladas por el personal beneficiario de la bonificación. De esta forma, no solo se asegura el cumplimiento normativo, sino que también se evita una duplicidad en los beneficios fiscales, lo que podría dar lugar a sanciones o a la revocación de los incentivos. En el caso de entidades que no son tienen el Sello de Pyme Innovadora, el marco de compatibilidad sigue siendo aplicable, aunque requiere una gestión más rigurosa para separar los recursos utilizados y cumplir con las exigencias legales.

Una herramienta complementaria

El uso de ayudas públicas para proyectos de I+D+i no excluye la posibilidad de beneficiarse simultáneamente de deducciones fiscales o bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. En muchos casos, las ayudas públicas pueden financiar hasta el 60% del gasto asociado a proyectos de investigación y desarrollo, permitiendo a las empresas combinar esta financiación con otras ventajas fiscales. Según Legasa, “este modelo contribuye a incrementar la financiación total de los proyectos, mejorando su viabilidad y facilitando el desarrollo de tecnologías disruptivas o nuevos modelos de negocio”.

No obstante, las entidades que opten por esta combinación deben asegurarse de que los gastos cubiertos por las ayudas públicas no sean los mismos que se incluyen en las bases de cálculo de las deducciones fiscales o las bonificaciones en la Seguridad Social. Esto implica una gestión detallada y transparente de los recursos, que permita diferenciar los costes imputados a cada incentivo. Por ello, en palabras de Legasa, “contar con una planificación financiera adecuada resulta fundamental para maximizar el aprovechamiento de las ayudas disponibles sin incurrir en incompatibilidades”.

Requisitos clave

Para acceder a estas ventajas, tanto las pymes como las grandes empresas deben cumplir con una serie de requisitos normativos que garanticen la compatibilidad de los incentivos. Entre ellos, es fundamental que las empresas documenten de manera precisa los proyectos de I+D+i, así como los costes asociados a cada actividad. Esto incluye la elaboración de informes técnicos que detallen las tareas realizadas por el personal investigador y la justificación del impacto económico y tecnológico de los proyectos.

En el caso de las ayudas públicas, los organismos responsables de su concesión suelen establecer criterios específicos para evitar la duplicidad de las subvenciones. Estos requisitos, aunque pueden variar en función de la convocatoria o del programa, exigen que las empresas lleven un control exhaustivo de los gastos imputados a cada proyecto. En este contexto, “disponer de un asesoramiento especializado puede ser decisivo para garantizar el cumplimiento de las normativas y optimizar los beneficios obtenidos”, concluye Legasa.