200.000 M€ para frenar el impacto del COVID-19 en España

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Esta norma refuerza las iniciativas implementadas en el plan de medidas excepcionales acordadas el jueves pasado.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que el Gobierno movilizará hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB), para afrontar las consecuencias del coronavirus. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y resto se complementará con la movilización de recursos privados.

Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno se centran en cuatro áreas prioritarias: familias, trabajadores, empresas e investigación.

Liquidez a las empresas

Se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.

Asimismo, se han acordado avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de apoyo a la digitalización. Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. El Ejecutivo también ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.

Protección del empleo

El conjunto de medidas destinado a reforzar la protección al empleo, según ha expuesto el presidente, contempla que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.

Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), que beneficiarán a todos los trabajadores. «Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido», ha explicado Pedro Sánchez.

Además, se flexibiliza el acceso al cese de actividad para los autónomos, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Este colectivo tendrá facilidades para que pueda cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

Estas medidas priorizan la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores y ha instado a los empresarios a que no despidan a sus empleados: «Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal».

Recursos para desarrollar una vacuna

Como parte del compromiso con el refuerzo de la investigación científica para desarrollar una vacuna para el COVID-29, el Gobierno dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III.

El presidente ha resaltado que el conjunto de iniciativas necesitan el apoyo suplementario de la sociedad civil. Para preservar nuestro tejido empresarial y nuestro empleo es indispensable que empresas grandes o pequeñas, autónomos o empleados asuman una idea: «Esta crisis es temporal y debe tratarse como temporal».

Freno al impacto social

El presidente ha avanzado que el Gobierno destinará 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Además, se ampliará la protección a los suministros de energía y de agua, y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones.

Con el fin de garantizar el derecho a la vivienda, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en situación de especial vulnerabilidad: «Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa».

Fuente: MONCLOA