Los Contratos por diferencia de carbono (CCfD) impulsan la viabilidad de la descarbonización industrial

La descarbonización industrial avanza en toda Europa impulsada por tecnologías capaces de reducir significativamente las emisiones en sectores intensivos en energía. Sin embargo, en muchos casos el principal obstáculo ya no es tecnológico, sino económico. Aunque existen soluciones para electrificar procesos, incorporar hidrógeno renovable o capturar carbono, numerosos proyectos siguen encontrando dificultades para alcanzar los niveles de rentabilidad y bancabilidad necesarios para salir adelante.

Esta fue una de las principales conclusiones del webinar Contratos por Diferencia de Carbono (CCfD): el futuro para financiar la descarbonización industrial, organizado por Zabala Innovation y conducido por Sancho Ubani, consultor senior de la compañía y experto en descarbonización.

Durante la sesión, la audiencia pudo conocer el funcionamiento de los CCfD, una herramienta que está ganando relevancia en Europa para apoyar proyectos de descarbonización profunda y que empieza a abrirse paso en el debate sobre los futuros mecanismos de apoyo a la industria española.

Los CCfD buscan aportar certidumbre a largo plazo

Uno de los principales mensajes trasladados durante el webinar fue el papel que pueden desempeñar los Contratos por Diferencia de Carbono para facilitar inversiones en descarbonización industrial profunda.

El experto señaló que muchas de las tecnologías necesarias para reducir emisiones ya están disponibles, pero que la viabilidad económica sigue siendo la principal barrera para que determinados proyectos lleguen a ejecutarse.

En este contexto, destacó que «ahí es donde entran los contratos por diferencia de carbono, no como una ayuda más, sino como un instrumento pensado para dar certidumbre económica a largo plazo a proyectos de descarbonización industrial profunda».

A diferencia de las subvenciones tradicionales, centradas en reducir la inversión inicial, los CCfD buscan cubrir parte de la brecha económica que persiste durante la fase de operación de las instalaciones. El objetivo es reducir la incertidumbre asociada a variables como el precio del carbono o determinados costes operativos, y mejorar así la viabilidad financiera de proyectos que hoy encuentran dificultades para competir frente a tecnologías convencionales.

Durante la sesión se destacó además que este instrumento resulta especialmente relevante para sectores intensivos en energía y emisiones, como el acero, el cemento, la química, el vidrio, el papel o el refino, donde la reducción de emisiones suele requerir transformaciones profundas de los procesos productivos.

España ya cuenta con un anclaje normativo

El webinar también abordó la situación actual de los Contratos por Diferencia de Carbono en España. Aunque todavía no existe una convocatoria específica ni un diseño operativo definido, el país ya ha incorporado este instrumento a distintas iniciativas vinculadas a la descarbonización industrial.

Entre ellas destaca la línea 3 del PERTE de Descarbonización Industrial, destinada al estudio y evaluación de un fondo de apoyo a los CCfD, así como el Fondo de Inversión para la Descarbonización Industrial (FIDI), creado recientemente para impulsar inversiones en sectores intensivos en energía y dependientes de combustibles fósiles.

No obstante, siguen pendientes aspectos clave como la definición de los criterios de elegibilidad, la duración de los contratos, las metodologías de cálculo, las fórmulas de liquidación o las condiciones de compatibilidad con otras ayudas públicas.

La experiencia de países como Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Dinamarca demuestra, además, que Europa avanza hacia mecanismos cada vez más orientados a apoyar resultados de descarbonización, aunque con modelos y enfoques diferentes en función de los sectores y tecnologías prioritarias.

Una oportunidad para anticiparse

Más allá de la futura configuración de las convocatorias, una de las recomendaciones lanzadas durante el webinar fue que las empresas comiencen a preparar desde ahora aquellos proyectos con potencial encaje en este tipo de instrumentos.

Para ello, resulta fundamental cuantificar las emisiones evitadas, analizar la brecha económica frente a las tecnologías convencionales y construir una línea base sólida que permita demostrar el impacto climático y la necesidad de apoyo público.

También será necesario evaluar la compatibilidad con otras ayudas ya obtenidas o previstas, así como preparar la información técnica y financiera necesaria para justificar el efecto incentivador del proyecto.

Como recordó Ubani durante el cierre de la sesión, “las empresas que empiecen antes a estructurar sus proyectos, a cuantificar su brecha, a construir su línea base y ordenar sus ayudas previas estarán en mejor posición cuando España despliegue finalmente el instrumento”.

Los Contratos por Diferencia de Carbono todavía no forman parte del ecosistema habitual de financiación industrial en España, pero su creciente desarrollo en Europa apunta a que podrían convertirse en una herramienta relevante para acelerar tanto la competitividad como la descarbonización de la industria en los próximos años.