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COMPETITIVIDAD

Nuevas medidas para aliviar a las pymes europeas

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Las pequeñas y medianas empresas europeas (pymes) representan el 99% de las empresas en la Unión Europea, pero las sucesivas crisis económicas afectan a su rendimiento y hacen peligrar su estabilidad. Para paliarlo, la Comisión Europea ha presentado una serie de iniciativas que les proporcionarán ayuda a corto plazo, impulsarán su competitividad a medio plazo y procurarán reforzar su equidad en el mercado único.

De esta manera, la Comisión espera inyectar una ayuda financiera a las pymes de más de 200.000 millones de euros en distintos programas de financiación hasta 2027. Este paquete de medidas se canalizará a través de diferentes acciones:

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Esta propuesta aborda lagunas jurídicas en la actual directiva y elimina ambigüedades. “Las nuevas acciones de lucha contra la morosidad apuntan a un pago en un máximo de 30 días, pero deja abierta esta medida para que los gobiernos nacionales puedan reducir el plazo. En caso de que se establezca un mecanismo de verificación de la mercancía, se puede ampliar hasta 60 días desde la recepción de los bienes, ya que proponen un máximo de 30 días para la verificación más 30 días para el pago desde que se produce la verificación”, analiza Alberto Cans, gestor de Zabala Innovation.

“En el caso de impago -prosigue- habrá 50 euros de multa directa por factura impagada en plazo, y en cuanto al tipo de interés de demora será del 8% más el Euribor. Se establece que los intereses se comienzan a contar desde la recepción de la factura o recepción de los bienes, no desde que vence la factura. Los intereses se acumulan hasta que alcanzan el importe del principal adeudado”, apunta Cans.

Se pretende revisar, antes de que concluya 2023, los umbrales actuales de definición de las pymes, la elaboración de una definición armonizada y la posible adaptación de determinadas obligaciones de las empresas pequeñas de mediana capitalización para liberar todo su potencial económico.

Además de poner a disposición de las pymes los 200.000 millones de euros ya mencionados, se quiere aprovechar el éxito del eje de actuación para pymes de InvestEU fomentando las transferencias de los Estados miembros a los compartimentos nacionales de este eje de actuación. De este modo se aseguraría que parte de la garantía propuesta de la UE de 7.500 millones de euros del marco de un nuevo eje de actuación específico de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) de InvestEU también esté disponible para las pymes.

Este nuevo sistema ofrecerá a las pymes que tienen actividades transfronterizas a través de establecimientos permanentes la opción de interactuar con una sola administración tributaria, la del domicilio social, en lugar de tener que cumplir con múltiples sistemas fiscales.

La presente propuesta aumentará la seguridad fiscal y la equidad, reducirá los costes de cumplimiento y las distorsiones del mercado que influyen en las decisiones empresariales, y minimizará al mismo tiempo el riesgo de doble imposición o de tributación excesiva y de litigios fiscales.

La Comisión nombrará a un representante de la UE para las pymes que proporcionará orientación y asesoramiento a la Comisión sobre las cuestiones relacionadas con las pymes y defenderá los intereses de las pymes en el exterior.

El representante de la UE para las pymes informará directamente al presidente y participará en las audiencias del Comité de Control Reglamentario con las direcciones generales sobre las iniciativas que tengan un gran impacto potencial en las pymes. La Comisión también promoverá el uso de espacios controlados de pruebas para fomentar la experimentación y la innovación de las pymes.

Esta es una de las medidas largamente esperadas por las pymes. La idea es poner en marcha, antes de diciembre de 2023, el sistema técnico “solo una vez” (que forma parte de la pasarela digital única), lo que permitirá a las pymes completar los procedimientos administrativos en todo el mercado único sin necesidad de volver a presentar documentos.

La Comisión simplificará y digitalizará procedimientos farragosos, como las declaraciones y los certificados para el desplazamiento de trabajadores (como el denominado documento A1 sobre los derechos de seguridad social).

Además, la Comisión se basará en las medidas iniciales adoptadas antes del verano para lograr la reducción del 25 % de las obligaciones de notificación anunciada en marzo de 2023, y presentará nuevas propuestas en las próximas semanas, así como medidas para cartografiar sistemáticamente dichas cargas y desarrollar planes de racionalización específicos para los próximos años.