Las comunidades ejecutarán más del 50% de los fondos del Next Generation EU

Pedro Sánchez ha confirmado este lunes a los presidentes autonómicos, durante la XXIII Conferencia de Presidentes, con la presencia vía telemática de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la cifra total será de 72.000 millones de euros para los tres próximos años. Las estimaciones de Moncloa es que las comunidades contarán con la mitad de los recursos provenientes de la UE.

¿Qué supone?

Los presidentes autonómicas podrán así promover proyectos o programas en cualquier ámbito, habiendo competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y que están «muy vinculadas a áreas clave del plan», según trasladan desde el Gobierno. Citan como ejemplo políticas de vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente. El foco se pondrá por tanto en estas políticas, que guiarán los proyectos y programas que presenten las administraciones autonómicas para que sean aprobados. Para ello, según indican las mismas fuentes, se acordarán convenios marco entre los diferentes ministerios implicados y las comunidades autónomas.

Algunos presidentes autonómicos, como el castellano-manchego Emiliano García-Page, ha aprovechado su turno de palabra para reclamar más concreción respecto a qué proyectos encajarán dentro del plan y cuales no, para así acelerar su ejecución. El lehendakari Iñigo Urkullu, por su parte, ha reclamado una mayor colaboración entre las administraciones y los empresarios de cara a asegurar una correcta y más rápida ejecución de los fondos.

El presidente del Gobierno también ha confirmado en la Conferencia de Presidentes que el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Este anteproyecto incluirá un adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos. España obtendrá un total de 140.000 millones que se tendrán que invertir en un plazo máximo de seis años. Los proyectos de digitalización y transición ecológica acapararán más dos tercios de estos fondos, el 33% y el 37%, respectivamente.

Los distintos ministerios serán los encargados de distribuir los fondos europeos para los proyectos. Para ello se creará una Comisión Interministerial, que presidirá Sánchez, además de una Unidad de Seguimiento en Moncloa también dependiente de la presidencia del Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas. Se potenciará asimismo la colaboración público-privada y se desarrollarán diversos fondos de alto nivel relacionados con la ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura o deporte. La rendición de cuentas se realizará en el Congreso ante la Comisión Mixta de la UE, según la propuesta que se trasladará al órgano rector de la Cámara.

La presentación y aprobación de los PGE en el Consejo de Ministros se realizará en la misma jornada. Las negociaciones formales con el resto de grupos se realizarán sobre el proyecto ya aprobado, vía enmiendas, y no a partir de un borrador, para acelerar los tiempos de la tramitación de los Presupuestos y poder arrancar 2021 con nuevas cuentas.

Fijación de objetivos del Next Generation EU

El objetivo del Gobierno es aprobar las cuentas en el Congreso «a finales de diciembre o principios de enero». No se descarta de este modo que se tenga que producir una «prórroga técnica» de los Presupuestos actualmente en vigor.

El denominado ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, cuyo propósito es «iniciar la segunda gran modernización de la economía española», se basará en una decena de políticas tractoras: agenda urbana y rural; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética; Administración pública; digitalización; ciencia e innovación; educación; refuerzo del estado de bienestar; industria de la cultura y deporte, y fiscalidad.

Asegurar la ejecución íntegra de los fondos europeos es otra de las máximas del Gobierno. El Ejecutivo prepara un real decreto con el objetivo de realizar «modificaciones normativas» que agilicen tanto la contratación pública como la ejecución. Será, en palabras de Sánchez, «una reforma histórica» que eliminará «todos los cuellos de botella», centrándose en la ley de contratación pública de 2017 y en la ley general de subvenciones.

Fuentes: EL PAÍS  y El confidencial