El Plan IA360 fija el rumbo para llevar la inteligencia artificial a las empresas españolas

Una estrategia de inteligencia artificial no se ejecuta con una sola convocatoria de ayudas públicas para proyectos innovadores. Necesita capacidad de cómputo, talento, regulación, seguridad, empresas capaces de adoptar la tecnología y mecanismos para trasladarla a casos de uso reales. Esa es probablemente la mejor forma de leer el Plan IA360, presentado por el Gobierno la semana pasada: no como una medida aislada, sino como una hoja de ruta en la que varias piezas deben avanzar a la vez.

Este documento organiza las actuaciones en 8 ámbitos y 14 proyectos tractores que abarcan desde grandes infraestructuras hasta la adopción de la IA por parte de las pymes, pasando por ámbitos tan variados como la ciberseguridad, la educación, el talento o la modernización de la Administración. Ahí se encuentra también uno de sus principales matices. El Plan fija unos hitos, pero no todo lo anunciado está ya convertido en una convocatoria, una norma o un instrumento operativo.

Ocho ámbitos para intentar dinamizar toda la cadena

IA360 estructura su intervención desde la infraestructura física hasta la utilización final de la inteligencia artificial.

La amplitud importa porque muestra que el despliegue de la IA se está planteando como un problema de sistema. Disponer de modelos avanzados sirve de poco si falta capacidad de cómputo; disponer de infraestructura tampoco resuelve la adopción si las empresas no encuentran casos de uso, talento o vías de financiación.

Las piezas rara vez encajan solas.

La infraestructura abre el mapa, pero no lo completa

Uno de los proyectos más visibles es la futura gigafactoría de inteligencia artificial, concebida como una infraestructura europea de cómputo para entrenar y desplegar modelos y aplicaciones avanzadas.

El Plan cifra la inversión público-privada en 5.000 millones de euros, con 719 millones de euros de financiación pública. El objetivo es alcanzar 100.000 aceleradores de IA operativos en 2028 o 2029, con el comienzo de la construcción previsto en febrero de 2027 y la apertura en 2028.

La inversión en capacidad de cómputo, sin embargo, no resuelve por sí sola el despliegue de la IA. El Plan aborda por eso otra cuestión clave, la implantación de los centros de datos necesarios para sostener esa infraestructura.

El Gobierno prevé aprobar en octubre de 2026 una nueva regulación para estos centros, con requisitos de eficiencia energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital. El documento plantea dar prioridad a los proyectos ligados a nueva generación renovable, que hagan un uso eficiente del agua y del suelo y refuercen la autonomía tecnológica.

La capacidad tecnológica depende, en definitiva, de algo más que la inversión. Requiere energía, redes, infraestructuras adecuadas, regulación y criterios de sostenibilidad.

Del interés por la IA a proyectos empresariales concretos

Aquí aparece uno de los bloques con una conexión más directa con las empresas. En el primer trimestre de 2025 utilizaba tecnologías de inteligencia artificial el 21,1% de las empresas españolas de diez o más empleados, según el INE. IA360 plantea elevar la adopción empresarial y fija como objetivo alcanzar el 55% en 2030.

Para intentar recorrer ese camino se plantean dos instrumentos conectados entre sí. Por un lado, está Neurona, una red público-privada y territorial de centros donde las empresas puedan ver funcionar soluciones de IA, probarlas con sus datos y desplegarlas. El primer piloto está previsto con 100 pymes en dos comunidades autónomas antes de finalizar 2026. El objetivo para 2027 es llegar a diez regiones y 5.000 empresas.

Por otro lado, el Bono empresarial de inteligencia artificial financiará servicios y soluciones de IA que incorporen desarrollo, integración, conocimiento sectorial, tratamiento de datos o rediseño de procesos. El documento, que excluye expresamente la mera suscripción a licencias, plantea un diagnóstico previo de madurez, la identificación de un caso de uso concreto y una medición posterior de su impacto en productividad.

El objetivo anunciado es llegar a 25.000 empresas, con un piloto durante el primer semestre de 2027 y una convocatoria general antes de finalizar ese año, dotada con 600 millones de euros.

El instrumento busca ir más allá de la simple compra de soluciones de IA y favorecer su aplicación en procesos concretos, con resultados que puedan medirse posteriormente.

Seguridad e innovación también se encuentran en la compra pública

IA360 incorpora además un bloque con potencial para empresas tecnológicas vinculadas a ciberseguridad, criptografía poscuántica y protección de infraestructuras críticas.

El denominado escudo de ciberseguridad avanzada prevé, entre otras actuaciones, un programa de compra pública precomercial con una envolvente presupuestaria inicial de unos 300 millones de euros. El calendario sitúa en octubre y noviembre de 2026 distintas actuaciones preparatorias y en 2027 el comienzo de la fase precomercial de compra pública vinculada a tecnologías cuánticas y defensa frente a la IA ofensiva.

El Plan prevé además crear un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial en la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), concebido como unidad técnico-científica para evaluar modelos avanzados, desarrollar metodologías y herramientas de evaluación, asesorar a la Administración y definir protocolos ante posibles incidentes. Su núcleo técnico inicial debería constituirse antes de finalizar 2026.

De esta forma, la actuación de la Administración va más allá de la regulación y alcanza el desarrollo y la compra de soluciones que todavía requieren I+D y validación.

Talento y ‘scale-ups’: crecer también forma parte del problema

IA360 anuncia también cambios dirigidos a facilitar la atracción y retención de talento investigador, la movilidad entre el sistema público de I+D+i y la empresa y el desarrollo profesional del personal científico y técnico.

En paralelo, plantea una Ley de Scale-ups para ampliar el marco de apoyo más allá de las primeras etapas de una startup, incorporar especificidades para empresas de base científica y profundizar en instrumentos asociados a la I+D+i y a la contratación de investigadores. Las primeras medidas normativas en ambos ámbitos están previstas para el otoño de 2026.

Un plan sin presupuesto global

La documentación oficial revisada cuantifica la inversión para estas actuaciones, mencionada más arriba. Todo ello, sin embargo, no equivale a un presupuesto global consolidado del Plan IA360. Ni el documento del Plan ni la información publicada hasta ahora por la Moncloa presentan una única cifra como dotación total de las 14 actuaciones.

Además, las cantidades tienen naturalezas diferentes: inversión público-privada en el caso de la gigafactoría, compra pública precomercial en el del escudo de ciberseguridad avanzada, y futura dotación de una convocatoria en el supuesto del Bono empresarial. Sumarlas sin distinguir su origen o funcionamiento ofrecería una imagen poco precisa.

El siguiente paso está en la ejecución

El calendario concentra buena parte de la ejecución entre el otoño de 2026 y finales de 2027. En ese periodo están previstos nuevos desarrollos regulatorios, proyectos piloto, estructuras de apoyo, actuaciones de compra pública y futuras convocatorias.

Para las empresas, la clave estará en llegar preparadas a esos instrumentos. Eso exige definir con antelación los casos de uso, las necesidades de datos y tecnología, el impacto esperado, las capacidades internas, los posibles socios y los componentes de I+D del proyecto. Solo después tiene sentido analizar dónde pueden encajar Neurona, el Bono empresarial, la compra pública u otros instrumentos que vayan concretándose.

En Zabala Innovation, la lectura del Plan IA360 pasa precisamente por conectar esas piezas y seguir su aterrizaje: del anuncio a la norma, de la norma al instrumento y del instrumento al proyecto. Porque un plan puede señalar una dirección, pero la transformación empieza cuando esta se convierte en decisiones, inversión y proyectos ejecutables.