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Hasta el próximo 15 de febrero estará abierto el plazo para presentar Manifestaciones de Interés (MDI) al MINECO, que busca identificar proyectos que impulsen la conectividad digital y la cobertura 5G, estimulando la cohesión territorial y la transformación digital
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) ha publicado una solicitud de Manifestaciones de Interés (MDI) para recibir propuestas que, mediante un modelo de colaboración público-privada, permitan extender la banda ancha de muy alta velocidad y adelantar la cobertura 5G en zonas rurales y áreas de baja densidad poblacional.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes (una financiación por hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años, un 11% del PIB de 2019). Alineándose con este programa, el Gobierno presentó el pasado mes de octubre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dando respuesta a los retos de la próxima década. Concretamente, con el fin de impulsar la cohesión territorial y la transformación digital, el MINECO lanza esta petición, con el objetivo concreto de identificar proyectos para extender la banda ancha de muy alta velocidad a todo el territorio y adelantar la cobertura de 5G.
Los proyectos que se propongan deben permitir cumplir los objetivos incluidos en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, publicados el pasado 1 de diciembre de 2020, en el marco del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia de la economía española.
En el caso del Plan para la Conectividad, las metas son alcanzar el 100% de la población con cobertura de 100 Mbps en 2025 y, como hito previo, el 100% de cobertura de banda ancha de 30 Mbps en 2023.
En el caso del despliegue de las redes 5G, el objetivo es que en el año 2025 el 75% de la población tenga cobertura de 5G mediante sus bandas prioritarias (694-790 MHz, 3.400-3.800 MHz y 24.25-27.5 GHz). Pero, además, y dado el enorme potencial transformador de la tecnología, el propósito es adelantar el despliegue de redes 5G en zonas rurales y de población dispersa, áreas en las que los operadores tardarían en llegar con los modelos de despliegue convencionales. De esta manera, esas zonas podrán obtener los beneficios transformadores de las redes y servicios 5G desde un primer momento.
Las propuestas deben señalar qué instrumentos se considerarían los más adecuados para alcanzar los fines mencionados, en qué condiciones y, en su caso, el interés de los agentes en participar en dichos instrumentos. El llamamiento está abierto a todo tipo de agentes privados y públicos, como operadores de infraestructuras, operadores mayoristas, operadores minoristas, tanto de forma individual como asociados para el proyecto.
Los proyectos contarán con apoyo de la financiación pública, por lo que las propuestas deberán cumplir con el marco normativo de ayudas de Estado de la Unión Europea y su aplicación en el ámbito del despliegue de redes de banda ancha. De igual modo, se solicita que se adecuen a los Instrumentos de colaboración público-privada descritos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La solicitud de manifestaciones de interés permanecerá abierta hasta el día 15 de febrero y puede consultarse aquí.
El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, y la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G son prioridades de la agenda España Digital 2025, presentada el pasado 23 de julio de 2020, así como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, cuyas líneas generales se presentaron el 7 de octubre de 2020.
El Plan para la Conectividad está dotado con 583 millones de euros en el año 2021 y tiene previsto invertir 2.320 millones hasta 2025. La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G cuenta con 300 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025.
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Natalia García-Barberena
Consultora senior en Proyectos Europeos y experta en ciberseguridad
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