Se crea la figura de los Proyectos Estratégicos de Inversión para facilitar grandes inversiones en España

El Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre, publicado en el BOE el 17 de septiembre, completa el marco de los Proyectos Estratégicos de Inversión (PEI), creados en marzo por el Real Decreto-ley 7/2026. La nueva regulación establece los criterios para obtener esta declaración, desarrolla el procedimiento y el funcionamiento del Comité de Inversiones Estratégicas y concreta cómo se plantearán, evaluarán e incorporarán las medidas de apoyo que pueden acompañar a proyectos empresariales o de colaboración público-privada especialmente relevantes para España.

La figura busca identificar inversiones estratégicas y articular alrededor de ellas medidas que faciliten su ejecución. Una gran inversión puede disponer de tecnología, mercado y un plan de negocio sólido y, aun así, necesitar financiación, capacidad eléctrica, nuevas infraestructuras, autorizaciones de diferentes organismos o la coordinación de varias Administraciones. El reto no consiste únicamente en diseñar un buen proyecto, sino en conseguir que las distintas piezas necesarias para hacerlo realidad avancen de forma coherente.

Qué proyectos pueden ser PEI

El Real Decreto establece que pueden ser declaradas PEI las iniciativas de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de inversión o reinversión en España que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y en las que concurran razones de interés público, social, ambiental o económico para el conjunto del país. Quedan expresamente excluidas la adquisición de acciones o participaciones sociales, las ampliaciones y reducciones de capital y las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.

Por tanto, un PEI no es una convocatoria de ayudas ni una etiqueta reservada simplemente a los proyectos con mayor presupuesto. Es una consideración estratégica que permite evaluar un proyecto desde una perspectiva más amplia y, en su caso, incorporar medidas de priorización, facilitación, coordinación y apoyo, siempre dentro del marco normativo aplicable. Tampoco toda gran inversión tiene por qué ser PEI.

El procedimiento diferencia entre una declaración previa y una definitiva, y la evaluación se profundiza entre ambas fases. En la primera valoración tienen especial peso el volumen de inversión y el empleo. Sin embargo, la relevancia puede medirse no solo a escala nacional, sino también respecto a la economía del territorio en el que vaya a desarrollarse la inversión.

En materia de empleo se contempla, además de la nueva contratación, la preservación, transformación o recualificación del empleo industrial existente cuando la inversión contribuya a mantener capacidades productivas estratégicas. También se valoran el alineamiento con las prioridades industriales y energéticas europeas, la autonomía estratégica y la seguridad económica, la digitalización, las capacidades industriales, los procesos de reindustrialización, los reconocimientos europeos o autonómicos y la solidez técnica y económica del proyecto. Además, los proyectos que desarrollen tecnologías críticas para la Seguridad Económica Europea y destaquen por su carácter singular e impacto en I+D+i podrán quedar exentos de los umbrales cuantitativos de inversión y empleo que se establezcan, aunque podrán fijarse umbrales mínimos específicos de inversión y contratación de personal de I+D+i.

La declaración definitiva profundiza en otros elementos, entre ellos el plan de negocio, el impacto ambiental, las tecnologías críticas, la I+D y la innovación, la cadena de valor, el impacto socioeconómico, la cohesión territorial o la formación y recualificación de trabajadores. Una cifra elevada de inversión, por tanto, no convierte por sí sola un proyecto en estratégico. Antes es necesario determinar qué hace relevante esa inversión, qué grado de madurez tiene y qué necesita para poder ejecutarse.

El PEI es una pieza dentro de una estrategia más amplia

La declaración estratégica puede ayudar a priorizar, facilitar y coordinar, pero no sustituye las demás actuaciones que necesita una inversión. El proyecto seguirá necesitando sus autorizaciones, puede depender de infraestructuras que todavía deban desarrollarse, requerir financiación pública y privada o incluir actuaciones sometidas a regulaciones y competencias diferentes.

El PEI puede influir sobre algunas de estas piezas, pero no las convierte automáticamente en una única vía. El ejemplo de la red eléctrica permite observar con claridad esta diferencia y entender por qué una gran inversión debe analizarse como un proyecto global y no como una sucesión de expedientes independientes.

La prioridad en la red no crea capacidad eléctrica

La propia regulación sitúa entre los problemas que explican esta figura la creciente presión sobre el acceso a la red eléctrica: la demanda generada por nuevas inversiones de alto consumo puede superar las capacidades disponibles en determinados puntos. El preámbulo del Real Decreto menciona expresamente casos como los centros de procesamiento de datos o los proyectos de hidrógeno renovable.

El Real Decreto-ley 7/2026 introdujo por ello un régimen específico para determinados proyectos considerados de alta prioridad. Entre ellos se encuentran las solicitudes de acceso y conexión de nuevos consumos industriales declarados proyectos estratégicos. Esa consideración tiene efectos concretos en determinados procedimientos de acceso y conexión cuando concurren con otras solicitudes. La normativa contempla además mecanismos específicos de ordenación de solicitudes y la posibilidad de priorizar determinados consumos de alta prioridad en las condiciones previstas legalmente.

El Real Decreto 731/2026 incorpora otra pieza: cuando sea necesario desplegar redes de infraestructuras para desarrollar una inversión estratégica, esos proyectos de infraestructura podrán integrarse dentro del propio proyecto para el que se solicita la declaración. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: tener prioridad no crea capacidad física donde no la hay. La declaración PEI no construye automáticamente una subestación, una línea o una ampliación de red.

Por ello, otras políticas deben avanzar en paralelo. El Real Decreto 640/2026, por ejemplo, ha incrementado en 10.200 millones de euros el límite máximo de inversión en redes de distribución que podrá ser retribuido con cargo al sistema durante 2027-2030. Se trata de una regulación independiente y esas inversiones no están reservadas a proyectos PEI.
Las dos herramientas actúan sobre partes diferentes de un mismo problema: el PEI puede ayudar a priorizar y facilitar el proyecto, mientras que la planificación y la inversión en redes pueden contribuir a disponer de la infraestructura necesaria para conectarlo.

Las ayudas y la financiación mantienen su propia lógica

El mismo planteamiento se aplica a la financiación. El PEI no es una ayuda ni garantiza financiación pública, aunque tampoco resulta adecuado analizar ambas cuestiones como compartimentos completamente separados. El Real Decreto-ley 7/2026 contempla entre los posibles efectos de la declaración medidas para agilizar el acceso a programas específicos de ayudas y fondos públicos.

El Real Decreto 731/2026 incorpora dos elementos especialmente relevantes. El primero es concreto: los proyectos declarados estratégicos tendrán prioridad en la tramitación de Incentivos Regionales, siempre que cumplan los requisitos establecidos en su normativa.

El segundo puede tener un recorrido más amplio. La disposición final segunda establece que cada ministerio deberá promover, dentro de sus competencias, las actuaciones necesarias para adaptar el marco regulatorio vigente con el objetivo de facilitar y acelerar la puesta en marcha, desarrollo y ejecución de los PEI. Además, las Administraciones podrán modificar las normas reguladoras de concesión de ayudas para dar prioridad a proyectos declarados estratégicos.

Esta previsión debe interpretarse con precisión. No significa que desde ahora cualquier PEI tenga prioridad en cualquier convocatoria. Será necesario analizar si cada instrumento incorpora esta posibilidad y en qué condiciones. Sí introduce, sin embargo, una dimensión relevante para la estrategia financiera de estos proyectos: habrá que seguir la evolución del marco de ayudas y analizar al mismo tiempo los instrumentos nacionales, autonómicos o europeos, la financiación privada u otras fórmulas que puedan acompañar a cada inversión.

La cuestión vuelve así al punto de partida: identificar qué necesita el proyecto y qué combinación de instrumentos puede ayudar a hacerlo viable.

Las comunidades autónomas forman parte del modelo

La regulación definitiva deja claro que el PEI estatal no funciona de espaldas a los mecanismos autonómicos. El propio preámbulo reconoce que numerosas comunidades autónomas cuentan ya con marcos regionales de proyectos estratégicos, unidades de aceleración o instrumentos para agilizar inversiones.

Haber sido declarado previamente proyecto estratégico, o figura equivalente, a nivel autonómico es además uno de los aspectos que se valorarán en la declaración previa estatal. En la segunda fase, la relación es todavía más directa: la Secretaría Técnica remitirá la documentación a la comunidad autónoma donde vaya a desarrollarse el proyecto para solicitar su valoración. Dispondrá de 15 días hábiles para emitir el informe y, si transcurre el plazo sin respuesta, el procedimiento podrá continuar.

Cuando el proyecto ya cuente con una declaración estratégica autonómica equivalente, no será necesario solicitar ese nuevo informe. El Comité y su Secretaría Técnica tienen, además, atribuidas funciones específicas de coordinación con las diferentes Administraciones y con los órganos autonómicos equivalentes.

La nueva figura estatal está así planteada para convivir y coordinarse con los mecanismos autonómicos existentes, una cuestión especialmente relevante en inversiones complejas sometidas a competencias de distintos niveles administrativos.

Un procedimiento en dos fases

La declaración PEI se desarrolla en dos fases. La primera es la declaración previa, que corresponde al Pleno del Comité de Inversiones Estratégicas. Tiene carácter de propuesta y un aspecto especialmente importante: todavía no produce los efectos asociados a la declaración PEI.

El plazo para esta primera fase es, con carácter general, de un mes desde la presentación de la solicitud, aunque puede suspenderse cuando sea necesario requerir subsanaciones o documentación adicional. Si la evaluación es favorable, comienza una segunda fase en la que se analiza con mayor profundidad el proyecto, las medidas de apoyo y los compromisos u obligaciones del promotor.

La declaración definitiva corresponde a la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité. El plazo máximo del procedimiento completo es de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Las solicitudes todavía no pueden presentarse

La publicación del Real Decreto no significa que el procedimiento esté ya abierto. Durante el próximo mes deberán constituirse formalmente el Comité y aprobarse y publicarse el baremo y la metodología de evaluación.

También deberán habilitarse los medios electrónicos y una orden conjunta de los Ministerios de Economía y Presidencia determinará la fecha a partir de la cual podrán presentarse solicitudes. La publicación del baremo será especialmente relevante porque permitirá conocer con mayor precisión cómo se aplicarán los criterios y qué proyectos presentan un mejor encaje potencial.

La declaración también implica compromisos

La declaración PEI no funciona únicamente como un conjunto de posibles ventajas. En la segunda fase podrán definirse compromisos y obligaciones para el promotor, que se incorporarán a la declaración definitiva junto con las medidas de apoyo.

Una vez declarado el proyecto, se designará además una unidad administrativa responsable de su seguimiento. Determinadas modificaciones deben comunicarse al Comité antes de llevarse a cabo. El Real Decreto considera sustanciales, entre otras, los cambios de titularidad y las variaciones superiores al 10 % en el empleo comprometido o en el volumen de inversión previsto.

El incumplimiento de las condiciones o compromisos asumidos puede dar lugar a un procedimiento de revocación de la declaración. En caso de incumplimientos parciales no justificados, pueden revocarse determinadas medidas de apoyo manteniendo el proyecto como estratégico. Esta exigencia responde a la propia lógica de los criterios de entrada: priorizar proyectos estratégicos implica también acreditar solidez, madurez y capacidad real de ejecución.

El proyecto como punto de partida

La lógica de los PEI encaja con el enfoque de Zabala Innovation ante las grandes inversiones: el punto de partida no es una convocatoria, sino el proyecto. Una inversión compleja puede necesitar financiación, infraestructuras, permisos, tecnología, socios, I+D, sostenibilidad, una figura estratégica autonómica o interlocución con diferentes Administraciones.

El PEI puede convertirse en una pieza relevante de esa estrategia, pero difícilmente será la única. De hecho, el propio diseño de la nueva figura refuerza este planteamiento: el promotor debe identificar y justificar qué necesita el proyecto para ejecutarse y la Administración analizará la proporcionalidad, eficacia y viabilidad de esas medidas.

El Área de Proyectos Estratégicos de Zabala Innovation viene siguiendo la evolución de esta figura desde sus primeras fases, precisamente porque pone el foco en una forma de abordar las inversiones complejas basada en entender primero el proyecto y, a partir de ahí, activar las capacidades que puedan aportar valor en cada momento.

En unos casos, una de las piezas será el PEI. En otros tendrá más peso una ayuda nacional o europea, un instrumento financiero, una infraestructura, un proyecto de I+D, una actuación de descarbonización o un mecanismo autonómico. En los proyectos más complejos habrá que hacer avanzar varias de ellas de forma coordinada. También puede ocurrir que, después de analizar una inversión, el PEI no sea la herramienta adecuada: definir una estrategia implica igualmente determinar qué instrumentos no necesita el proyecto.

“En un proyecto estratégico, el expediente es solo una parte del trabajo. Lo importante es entender el proyecto completo, anticipar qué puede condicionar su ejecución y activar alrededor de él las capacidades e instrumentos adecuados para construir una hoja de ruta coherente”, explica Amaia Brugos, del Área de Proyectos Estratégicos de Zabala Innovation.

En Zabala Innovation acompañamos las grandes inversiones desde una visión global del proyecto, valorando su posible encaje como PEI, identificando las barreras que pueden condicionar su ejecución y coordinando, en cada momento, los equipos y capacidades especializadas que pueden ayudar a resolverlas y hacer avanzar la inversión.