Ayudas por 600 millones de euros para compensar las emisiones de CO₂

Cuenta atrás para que las industrias electrointensivas soliciten las ayudas destinadas a compensar los costes de las emisiones indirectas de CO₂ correspondientes al ejercicio 2024. El plazo para presentar candidaturas a esta convocatoria, lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica, finaliza el 22 de julio. Su presupuesto alcanza los 600 millones de euros, el mayor de su historia. Estas subvenciones buscan aliviar la presión que el precio del CO₂ repercutido en la electricidad tiene sobre los sectores más expuestos a la competencia internacional.

La convocatoria se dirige específicamente a aquellas empresas intensivas en consumo eléctrico, cuya actividad pueda estar expuesta a riesgos de deslocalización o pérdida de cuota de mercado frente a competidores radicados en terceros países que no están sujetos a los mismos costes medioambientales. Esta convocatoria se enmarca en el mecanismo previsto en la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece medidas para evitar lo que se conoce como fuga de carbono.

La ayuda se concede en forma de subvención directa, bajo el régimen de concurrencia competitiva. Esto significa que el importe total del presupuesto se distribuirá proporcionalmente entre todas las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos y superen los umbrales mínimos de valoración. Las cantidades finales que percibirá cada beneficiario dependerán, por tanto, del volumen de solicitudes presentadas y de la energía consumida durante el año 2024 por cada una de las empresas seleccionadas.

Podrán optar a estas ayudas las industrias que acrediten haber incurrido en costes significativos asociados al CO₂ de forma indirecta, es decir, como consecuencia del precio de la electricidad consumida en sus procesos de producción. A efectos prácticos, el concepto subvencionable es el consumo eléctrico en kilovatios hora durante el ejercicio de referencia.

Tope conjunto

Aunque la ayuda es compatible con otras líneas de financiación nacionales o europeas que compartan el mismo objetivo —la compensación de costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero—, existe un límite acumulado. En ningún caso el total de ayudas recibidas podrá superar el 75% de los costes subvencionables. La normativa vigente obliga además a justificar debidamente los consumos energéticos, así como el impacto que estos costes tienen sobre la actividad comercial, en particular cuando exista relación con mercados exteriores.

Este mecanismo de compensación se configura como una herramienta del Gobierno para apoyar la descarbonización sin poner en riesgo la competitividad del tejido industrial. Las emisiones indirectas de CO₂, aquellas que no se producen directamente en la fábrica pero que se derivan del uso de electricidad procedente de fuentes con emisiones, tienen un peso creciente en los balances medioambientales de las empresas. A medida que se endurecen las políticas climáticas en la Unión Europea, estas subvenciones buscan evitar desajustes que puedan perjudicar a las industrias europeas frente a otras regiones del mundo menos exigentes en términos regulatorios.

La convocatoria actual continúa la línea de las anteriores ediciones, aunque introduce ajustes en los procedimientos de solicitud y justificación. Las empresas interesadas deben presentar su documentación a través de la sede electrónica habilitada, dentro del plazo establecido. Entre la información requerida se incluyen los datos de consumo energético, la actividad económica de la empresa y la evaluación de su exposición al riesgo de pérdida de competitividad.

El instrumento está dirigido principalmente a sectores considerados de alto riesgo en términos de exposición a la competencia internacional. Entre ellos se encuentran la siderurgia, la fabricación de aluminio, la producción de papel o el sector químico, todos ellos caracterizados por un uso intensivo de electricidad y por operar en mercados globalizados. El objetivo es preservar la actividad industrial en el país al tiempo que se avanza en los compromisos de reducción de emisiones asumidos por España en el marco europeo e internacional.