Claves para el Plan Nacional de Empresas y DDHH

Plan Nacional de Empresas y DDHH
20/11/2017
Las pequeñas y medianas empresas cumplen un papel crucial en la cadena de valor de las grandes empresas y sin ellas no es posible integrar en la cultura corporativa aspectos como el compromiso con los Derechos Humanos, la debida diligencia y la transparencia. ZABALA ha participado en la jornada “España ante el reto de su primer Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos” celebrada en el Congreso de los Diputados.

El diputado Iñigo Alli, y ZABALA Innovation Consulting han organizado la jornada “España ante el reto de su primer Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos” en el Congreso de los Diputados. La jornada ha tenido como objetivo reflexionar junto a autoridades, empresas referentes y agentes expertos sobre las medidas propuestas en el Plan, analizar sus posibles impactos en términos no solo económicos sino sociales, y valorar posibles mejoras que puedan implementarse a futuro.

Carmelo Angulo, director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la UCJC y ex embajador de España en varios países en su etapa como diplomático, German Granda, director de Forética y experto en materia de RSE, y Mikel Berraondo, director del área de Innovación Social de ZABALA, son las voces expertas que han participado en la jornada y que han ofrecido sus diferentes tipos de vista a un auditorio de 70 personas. Entre las personas asistentes, se encontraban representantes de empresas, organizaciones del Tercer Sector y administraciones públicas.

Durante sus intervenciones, algunas de las luces que han arrojado sobre el Plan los expertos participantes, han apuntado a la necesidad de fortalecer la debida diligencia en derechos humanos, de apoyar a las pymes para que asuman el papel crucial en el cumplimiento de las obligaciones de las empresas con los Derechos Humanos que les corresponde, de fomentar el diálogo multisectorial, de potenciar los espacios de formación de todos los actores y de cumplir con el programa de seguimiento y evaluación del plan. Por partes, Carmelo Angulo ha destacado que nos encontramos en un nuevo contexto social que afecta a empresas, administraciones y ciudadanía y que ya incorpora preocupaciones éticas, medioambientales, sociales y de Derechos Humanos, exigiendo a las empresas modelos de negocio basados en promover un valor compartido con la sociedad. Este nuevo planteamiento posibilitará el establecimiento de nuevas alianzas multisectoriales que deben ser la base de las futuras relaciones entre empresas, gobiernos y sociedad civil.

Asimismo, ha apuntado que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos es el resultado de un trabajo muy participativo, que permite mejorar el marco legal y las contradicciones, asimetrías que pudieran existir con otras normativas. Desde su punto de vista es un plan “preconstituyente” ya que establece un periodo de tres años para evaluar su cumplimiento y formular un nuevo plan a partir del contenido del actual. Por último, ha animado a las empresas a asumir, lo que para él, constituye un nuevo paradigma porque les permitirá mejorar su posicionamiento, ya que no conoce ningún caso de empresas que actúen bajo los parámetros de los derechos humanos y les vaya mal.

Por su parte, Germán Granda ha señalado que es necesaria una comprensión absoluta desde la gestión responsable de la organización. “Las empresas deben trabajar los Derechos Humanos si pretenden maximizar su impacto positivo”. Para Granda el Plan nacional cumple con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. Desde FORETICA no tienen ninguna duda de que las  empresas se van a implicar en el cumplimiento del plan en 4 grandes ejes: Liderazgo, gestión, transparencia y comunicación con grupos de interés.

Granda también ha destacado la importancia de apoyar a las pymes “ya que son exportadoras en esta materia”. En este punto de vista también ha coincidido Mikel Berraondo: “En el camino para la debida diligencia las pymes deben de tener un apoyo fuerte, sobre todo por parte de las instituciones nacionales”. “Las acciones que se proponen dentro del plan nacional en debida diligencia necesitan mayor concreción de cara a las pymes, ya que constituyen parte de la cadena de valor de las grandes empresas”, ha asegurado.

Según Berraondo la debida diligencia es uno de los grandes retos que presenta el plan y que tienen las empresas. Está supone un cambio de mentalidad importante dentro de la empresa que exige adaptarse a la dinámica permanente de análisis, mitigación y monitoreo de impactos. Para Berraondo, “no es tan fácil trabajar todo lo que tiene que ver con la debida diligencia en materia de Derechos Humanos”. Para llevarlo a la práctica “surgen muchas cuestiones y dificultades, siendo difícil integrar en el Gobierno corporativo en la cultura interna de las empresas”

Berraondo ha considerado que la propuesta de monitoreo que incluye el Plan es exigente para el estado y el resto de actores. Algo positivo ya que “necesitan de un compromiso fuerte de las instituciones nacionales y que asuma los compromisos ya adoptados a nivel internacional”. Igualmente positivo es que el plan reconozca en el marco de aplicación del derecho internacional no solo los tratados Internacionales vigentes en España, sino también los Comités de protección de los tratados y el “soft law”.

Finalmente, entre las propuestas que se han planteado Berraondo ha planteado que sería muy positivo promover espacios de diálogo multisectorial para promover el plan. Por su parte Angulo ha propuesto la creación de una comisión parlamentaria que dé seguimiento a la implementación del plan. Granda ha resaltado la importancia de monitorear la implementación del plan y de fomentar los espacios de formación.  

El diputado Iñigo Alli, que ha acogido el evento, ha terminado destacando que “los problemas de la sociedad son los problemas de la empresa y que debe existir un desarrollo comprometido con el bien común. También ha apostado por introducir en el Plan indicadores a tiempo real que incorporen aspectos de sostenibilidad.

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